El Gobierno de Castilla-La Mancha ha alzado la voz este miércoles para pedir la puesta en marcha de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, al tiempo que ha ofrecido su colaboración al Ejecutivo central para «dar los pasos necesarios» en este sentido.
Por boca de su portavoz, Esther Padilla, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, el ejecutivo castellanomanchego ha valorado que se haya rechazado –el pasado 20 de enero– por parte del Tribunal Supremo un nuevo recurso presentado por Andalucía a Plan Hidrológico del Tajo.
«Primero, el Supremo desestimó el recurso de la Comunidad Valenciana en junio del año 2024. Posteriormente, el 19 de diciembre de 2024, desestimó el recurso presentado por la Comunidad de Madrid a través del canal de Isabel II, y el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. Y hace dos días ha desestimado también el recurso presentado por la Junta de Andalucía, rechazando todos los motivos de nulidad alegados», ha sostenido.
En este sentido, cuando se está a punto de cumplir dos años desde que se aprobó este Plan Hidrológico, Padilla ha recordado que el Gobierno de España tenía en ese momento hasta julio del 2023 para aprobar las nuevas reglas de explotación y que en febrero del 2024 deberían entrar ya en vigor estas medidas.
«No entendemos que cuando los propios decretos que aprueba el Gobierno ponen plazos, se incumplan, y más sobre todo cuando las sentencias del Tribunal Supremo una y otra vez están avalando la necesidad de aprobar las nuevas reglas de explotación del trasvase de Tajo-Segura y el establecimiento de los caudales ecológicos», ha argumentado.
Bajo su punto de vista, no hay «ninguna excusa» ni hay «ningún motivo» para seguir retrasando la aprobación de las nuevas reglas y tras recordar que el Gobierno consideró en su momento que era necesario dotarse de informes técnicos, ya que era importante para tomar las decisiones, ha añadido que ya los tiene y que le gustaría conocerlos.
Acto seguido ha afirmado que el retraso en la puesta en marcha de las reglas de explotación «no es inocuo» y tiene consecuencias tales como que en estos 12 meses de retraso se ha trasvasado un volumen de agua «que seguro que no hubiera sido posible con las nuevas reglas de explotación».
«De haberse aprobado además las reglas de explotación el caudal habría aumentado, no se hubiera podido trasvasar ese volumen y, probablemente, tampoco se hubieran podido aprobar los planes de sequía de las confederaciones hidrográficas, concretamente del Tajo, del Segura y del Júcar, que establecen también como solución volver a tirar del trasvase», ha proseguido.
Por todo ello, y al hilo de esta última sentencia contra el recurso de la Junta de Andalucía, Padilla ha dicho al Gobierno que la Junta muestra su disposición para colaborar y ayudar en dar los pasos necesarios para poner en marcha esas nuevas reglas de explotación y se establezca «lo que la ley dice».
