El alcalde de Chiloeches, Juan Andrés García, ha señalado este martes en su declaración como testigo en el juicio por el incendio de 2016, que Kuk Medioambiente «siempre daba largas» a los numerosos requerimientos que se le pedían desde esta administración y también de otras.
El Ayuntamiento clausuró en junio de 2016 la planta de reciclaje que poco después, a finales de agosto, quedaría arrasada por incendio muy probablemente intencionado. García, de Izquierda Unida, está al frente del Ayuntamiento desde 2015. Ha declarado como testigo durante casi dos horas.
Según ha recordado, la intención que siempre expresaba la empresa Kuk ante los requerimientos municipales desde que él llegó a la Alcaldía es que iban a legalizar su situación, porque así se le había solicitado si quería seguir operando, aunque «nunca llegaron a legalizar».
También ha indicado que, cuando llegó en el 2011 al Consistorio como concejal, no era consciente de la situación de ilegalidad de Kuk. En cambio, ha afirmado que a raíz del incendio en la planta, el Ayuntamiento «reforzó» los servicios de inspección y se realizó un estudio sobre este tipo de empresas para conocer si tenían licencia de apertura y de actividad, algo que cree que antes no se hacía.
Ha recordado, además, que cuando entró a gobernar les comunicaron por parte del Catastro que había unas 800 irregularidades urbanísticas en el municipio sin que se hubiera procedido a emitir ningún expediente sancionador desde el Consistorio.
Si bien ha reconocido que Kuk no procedía como era debido respecto a los requerimientos del Ayuntamiento, sobre Layna la declaración de García ha sido de otro tenor. Esta segunda empresa, que alquiló gran parte de esas instalaciones al propietario original, que era Kuk, según el alcalde se interesó por la situación de Kuk en lo referente a pagos porque tenían ganas de «tomar las riendas» del negocio y que les dieran la licencia medioambiental pues «no estaba de acuerdo en la forma como se estaba gestionando» la instalación.
«Descontrol generalizado»
Un testimonio en el que García ha reconocido del mismo modo que fue precisamente el incendio registrado anteriormente en otra planta de reciclaje del municipio lo que le había llevado a investigar y ahí fue cuando descubrieron que esta planta estaba operando sin licencia de funcionamiento. «Había un descontrol generalizado en el control de estas instalaciones», ha señalado.
Así, ha dicho también que desde 2008 se habían producido tres incendios industriales en el municipio sin que se llevara después ningún seguimiento en dicho polígono. De hecho, ha vuelto a recordar que en la planta de Kuk, la nave 1 si tenía licencia de apertura y de actividad pero que la 2 carecía de licencia de actividad. «Era una empresa peculiar. No respondía a los requerimientos», ha insistido.
Descoordinación entre administraciones
García se ha quejado de la falta de información que también había entre administraciones y se ha remontado a datos de 2010, fecha de la que había un informe de la Junta en el Ayuntamiento que explicaba que había errores en el etiquetado, desconociendo por qué el anterior equipo de Gobierno no realizó un control y seguimiento de esta y de otras instalaciones.
A preguntas sobre su predecesor en la alcaldía, César Urrea, acusado en esta causa, ha dicho que era un alcalde que «gobernaba un poquito con mano de hierro» y que los plenos suyos eran «muy convulsos».
Las relaciones de César Urrea y un alcalde armado
En cuanto a la posible relación más allá de lo estrictamente municipal de Urrea con Kuk, García ha repetido lo que se oía en el pueblo: que colaboraban en temas festivos y que también colocaban a gente del pueblo en sus instalaciones y que mantuvieron algunas reuniones y comidas.
Una vista en la que han salido a relucir las amenazas que él mismo había recibido por estos hechos antes de declarar en el juzgado. Tras denunciar en la Guardia Civil, tuvieron que ponerle varios agentes de la Benemérita un tiempo delante de su vivienda, así como cámaras de vigilancia. Incluso ha indicado que la Dirección General de la Policía le llegó a facilitar un arma, que posteriormente le retirarían.
García tiene claro que esas amenazas fueron por estos hechos porque –según ha precisado– en ellas ponía algo así: «Si César Urrea entra en la cárcel, tú y tus hijos tendréis una visita».
Con respecto a la actuación en este incendio del entonces viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González Egido, que también comparece en esta causa como acusado, el alcalde ha señalado que tanto él como Egido participaron durante «muchas jornadas» y de forma activa en las primeras actuaciones que se pusieron en marcha tras el incendio para tratar de contener que los productos supuestamente peligrosos fuesen a parar al río Henares, y posteriormente en las labores de extinción para aminorar los riesgos. «El señor Egido en ese momento fue un profesional como la copa de un pino», ha apostillado.