Los municipios ribereños han denunciado que los embalses de Entrepeñas y Buendía "descienden a pasos agigantados" mientras que "en la cuenca del Segura crece el volumen de agua embalsada y llueve más que en la cabecera del Tajo".
El presidente de la Asociación de Municipios ribereños, Francisco Pérez Torrecilla, no esconde su "decepción": "este Gobierno en nueve meses ha sido capaz de lo mejor y de lo peor, ha aprobado por decreto muchas cosas buenas para los ciudadanos, sobre todo los más necesitados, pero por otro lado ha sido muy cruel con una parte de esos ciudadanos muy necesitados de justicia hídrica; en este caso ha sido muy cruel precisamente con la parte más necesitada y desfavorecida, que somos nosotros".
Los ribereños vuelven a criticar "la doble cara del Gobierno, que para más inri por un lado no deja de lanzar mensajes esperanzadores, pero por otro se muestra igual de timorato que los anteriores a la hora de atajar el verdadero problema: el exceso desmedido de demanda".
"Si de verdad quieren cumplir con la directiva marco europea del agua, si les importan el Tajo, el Segura, el Mar Menor y la huerta tradicional murciana; tienen que hacer algo antes de las elecciones, porque han tenido nueve meses para hacerlo y las promesas no sirven cuando se fía tan largo, el ciudadano desconfía con razón y la ruina no espera a nadie", advierte Pérez Torrecilla.
"Invitamos a la ministra a visitarnos y conocer de primera mano el alcance de la tragedia que vivimos, para que nos explique su supuesto plan de ruta".
El comunicado llega después de que, como informaba este lunes LA CRÓNICA, la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura autorizara este 8 de abril trasvasar 38 hectómetros durante el mes de abril desde los embalses de la cabecera del Tajo hasta la cuenca del Segura.
"Tan sólo tres hectómetros cúbicos obligan a trasvasar 38, esa es la lógica y la justicia del Memorándum que no modifica este Gobierno", han criticado, calificando de "nula" la acción del Ministerio, "que a pesar de contar con datos y sentencias que podrían ayudar a dar el paso, no se atreve a legislar en contra del mayor atentado medioambiental de la historia de España".
Los ribereños defienden que el Levante ya cuenta con infraestructuras, "pagadas por todos los españoles, que se infrautilizan, para combatir la falta de agua; un déficit que consideran engañoso y artificial, pues viene provocado por la roturación ilegal de miles y miles de hectáreas desde finales de los años 80".