El 11 de noviembre, huelga general

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, junto al Sindicato de Inquilinas, han fijado para el próximo 11 de noviembre la primera huelga general de 24 horas por la crisis habitacional y los salarios, un pulso nacional que repercutirá de lleno en Castilla-La Mancha y en las zonas tensionadas de Guadalajara.
CUERPO DE LA NOTICIA:
La convocatoria oficial de la huelga general en España ya tiene fecha definitiva en el calendario. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, confirmó en unas declaraciones a TVE que el paro se celebrará el 11 de noviembre, una jornada histórica que busca obligar a las administraciones a tomar medidas urgentes ante el encarecimiento desbocado del coste de la vida y la imposibilidad de acceder a un hogar digno.
La decisión, adoptada de la mano de CCOO y el Sindicato de Inquilinas tras el rechazo parlamentario a los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados, llega en un contexto político convulso marcado por la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Los sindicatos señalan directamente que la subida de los alquileres desbarata cualquier acuerdo salarial alcanzado en los convenios colectivos.
Repercusión en Guadalajara y Castilla-La Mancha
El impacto de esta movilización se prevé especialmente notable en provincias limítrofes con la capital y en los municipios castellanomanchegos tensionados por la presión inmobiliaria, como ocurre en varios puntos de Guadalajara. La dificultad de encontrar trabajadores locales debido al precio de la vivienda ha encendido todas las alarmas en el tejido socioeconómico de la región.
Según los datos ofrecidos por las centrales sindicales, esta protesta pretende interpelar de forma directa tanto al Gobierno central como a los ayuntamientos y comunidades autónomas, a quienes exigen competencias firmes para frenar la especulación de los grandes tenedores en el mercado del alquiler. Para ampliar detalles sobre el marco legal de estas movilizaciones, se puede consultar información oficial en La Moncloa
o revisar los informes sectoriales del Consejo Económico y Social.
Choque frontal con la patronal y debate constitucional
El anuncio no ha estado exento de una intensa polémica institucional. Desde la patronal, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, calificó el paro de ilegal y sugirió que responde a intereses estrictamente políticos y electorales de cara a los comicios de finales de noviembre, una postura compartida por otras organizaciones como CSIF, que han decidido desmarcarse de la convocatoria.
Por su parte, el líder de UGT ha defendido con contundencia que la huelga es «absolutamente constitucional» y ha recordado que la patronal debería unirse a la reivindicación. Desde la perspectiva sindical, la falta de soluciones habitacionales no solo ahoga a las familias, sino que asfixia también a las propias empresas al imposibilitar la atracción y retención de talento en las provincias con mayor demanda residencial.
En principio, la fecha elegida para la protesta se iba a decidir esta tarde en una reunión fijada para las 19.00 horas, pero Álvarez ha asegurado que el 11 de noviembre es el día acordado por UGT y CCOO.

En todo caso, el líder de UGT ha precisado que este miércoles por la tarde cerrarán el acuerdo con el Sindicato de Inquilinas y con el resto de organizaciones que quieren secundar la convocatoria.

El 11 de noviembre es también la fecha que iba a proponer la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) en la reunión de esta tarde, según ha confirmado la propia CSI.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, anunciaron el pasado lunes su decisión de ir a una huelga general de 24 horas con el objetivo de reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna.

Las centrales sindicales dieron este paso tras el rechazo en el Congreso de los Diputados a los reales decretos-leyes sobre vivienda el pasado viernes y que fueron de nuevo aprobados ayer por el Consejo de Ministros con algunas modificaciones.

Tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre y la disolución de las Cortes, queda en manos de la Diputación Permanente la convalidación de ambos decretos, aunque todo apunta que sólo saldrá adelante uno de ellos.

LA PRIMERA HUELGA GENERAL CON LOS GOBIERNOS DE PEDRO SÁNCHEZ
El anuncio de la huelga general, la primera que convocarán CCOO y UGT desde 2012 y, por tanto, la primera de la era Pedro Sánchez, ha sido criticado duramente por los empresarios, que ven en esta protesta un claro trasfondo político y electoral.

De hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha denunciado que no es una huelga general que responda a motivos laborales y que podría ser ilegal.

Algunos sindicatos, como CSIF, ya han manifestado que no secundarán este paro general, en el que ven «indicaciones políticas».

UNA HUELGA «ABSOLUTAMENTE CONSTITUCIONAL»
El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha negado este miércoles en TVE las afirmaciones del presidente de CEOE sobre que se trata de una «huelga ilegal» y ha recalcado que no se puede pensar que la vida «transcurre en el marco de la negociación con empresas».

«La huelga es absolutamente constitucional», ha defendido Álvarez, quien ha señalado que en España «todavía no se ha declarado ninguna huelga ilegal» pese a que ha habido «muchísimas huelgas».

En este sentido, ha apuntado que la patronal «debería sumarse también a este movimiento», ya que hay empresas que no encuentran trabajadores, especialmente en las zonas más tensionadas, debido a la dificultad para acceder a una vivienda con los salarios actuales.

Álvarez ha explicado que esta «jornada de lucha» pretende poner sobre la mesa un problema que, a su juicio, lleva tiempo impidiendo que las personas puedan vivir con dignidad y haciendo que las subidas salariales pactadas en los convenios «no den para poder pagar el coste de la vida porque la vivienda siempre lo desbarata todo».

El dirigente sindical ha defendido que la movilización debe interpelar a los responsables de los problemas de vivienda y ha señalado a las comunidades autónomas y los ayuntamientos como administraciones competentes, así como al Gobierno central, en la medida en que debe legislar.

En concreto, ha reclamado legislar para que los «fondos buitre» salgan «definitivamente de la especulación en la vivienda» y para que los alquileres, «por lo menos a corto y medio plazo», no puedan subir de una manera «absolutamente imposible e inaccesible» para los inquilinos.