En un calendario plagado de días mundiales y días internacionales para casi todo, no debería extrañar que el 3 de mayo se dedique en el mundo a la Libertad de Prensa… sobre todo a su ausencia.
Visto desde España, se diría que hay poco que reclamar al respecto y, en efecto, formalmente, así es. Rascando un poco la realidad, se comprueba que periodismo y libertad no van siempre de la mano, ni siquiera por estos lares.
En detrimento del ejercicio independiente del periodismo, que requiere de profesionales capaces y de medios autónomos, actúa la constante y creciente tendencia a la confusión interesada entre propaganda e información, asentada en las más variadas estrategias. Ahí se unen la economía, la política y la propia rendición de los periodistas en su ejercicio cotidiano del oficio, que de todo hay.
Pero en esta fecha, lo preceptivo es recordar a los que a lo largo y ancho del planeta sufren el riesgo de perder la vida como colofón de una trayectoria profesional condicionada por la opresión, que en muchos países es una amenaza palpable y, en efecto, también mortal.
Por ello, desde LA CRÓNICA nos sumamos al comunicado suscrito por la FIP y la FAPE, en su toda su extensión:
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), se une a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), en su petición por que refuerce la libertad de prensa y exigencia a los Gobiernos a investigar y responder a los ataques contra los medios de comunicación. Para ello, reclama la adopción urgente de un instrumento vinculante de la Convención de la ONU que garantice mayor seguridad e independencia de los periodistas. Asimismo, lamenta que la libertad de expresión esté lejos de actuar como motor de los demás derechos humanos y que la libertad de prensa esté dando claramente un paso atrás.
La FAPE, además, subraya la necesidad de luchar contra las amenazas que sufre la libertad de prensa, un derecho que nunca debe darse por conquistado, como son las ruedas de prensa sin preguntas, los vetos al acceso a la información, los señalamientos, las agresiones a periodistas, el requerimiento de fiscales y jueces para revelar fuentes, las querellas abusivas para frenar las investigaciones y la precariedad en el empleo, que incide negativamente en el periodismo de calidad.
Ante eso, se hace preciso avanzar en la garantía del secreto profesional y de frenar el creciente acoso que se produce por las redes sociales y que afectan a la libertad de prensa y a la información veraz, rigurosa y contrastada. Del mismo modo, alerta las restricciones que se producen desde los centros de poder y que afectan a todos los ciudadanos ya que se coarta la libertad de información a los que todos tienen derecho.
Las cifras hablan por sí solas. Según la última lista de la FIP de profesionales de los medios de comunicación asesinados/as en el cumplimiento de su deber, 67 trabajadores/as de los medios de comunicación fueron asesinados en 2022. Además, han sido muy pocos los casos se han investigado, ya que desafortunadamente la impunidad en los asesinatos de trabajadores/as de los medios ha sido la norma a lo largo de los años.
La FIP también señala las continuas medidas represivas contra los medios de comunicación, que han provocado el encarcelamiento de un gran número de periodistas, con al menos 375 periodistas y trabajadores/as de los medios entre rejas en 2022. China se ha convertido en el país donde hay más periodistas en la cárcel a nivel mundial.
Las guerras en curso y los disturbios civiles en países como Afganistán, Irán, Hong Kong, Myanmar, Perú, Sudán, Ucrania y Yemen también han provocado el asesinato deliberado de periodistas. Desde que Rusia invadió Ucrania, el 24 de febrero de 2022, trece periodistas han muerto. Asimismo, miles de periodistas afganos/as y sus familias han tenido que abandonar dicho país por miedo a ser asesinados.
La vigilancia digital y el uso generalizado de programas de ciberespionaje se han utilizado contra cientos de periodistas con el fin de silenciar con sus historias, poniendo a muchos/as periodistas en riesgo de ver cómo sus fuentes y su paradero, así como otros datos personales, se hacen públicos. Las leyes represivas y las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) también se han utilizado ampliamente para frenar la libertad de expresión y obligar a los y las periodistas a autocensurarse en todo el mundo.
La frágil economía de los medios de comunicación, el declive de la información local y la escasa representación sindical han provocado drásticos recortes en las redacciones, con despidos masivos y una mayor discriminación de las categorías más vulnerables de periodistas.
La FIP deplora que, a pesar de la buena voluntad expresada en las dos resoluciones de la ONU (1738 y 2222) sobre la protección de periodistas en zonas de conflicto, no se haya asumido ningún compromiso real para erradicar la violencia contra los y las periodistas, garantizar su seguridad e ilegalizar cualquier ataque en su contra.
