Con la cuarta sesión llega el primer día realmente relevante del juicio por el incendio de Chiloeches. Este jueves declara Sergio David González, que en aquellos momentos era viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha.
Con una larga trayectoria de cargos públicos -que incluyó ser el delegado provincial cuando el fatídico incendio forestal de 2005, que se saldó con 11 muertos- a Sergio David González se le imputa ahora un delito de prevaricación administrativa medioambiental. Por esos cargos, la Fiscalía pide 13 años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, 3 años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena y 22 meses de multa a 20 euros por día, con responsabilidad personal subsidiaria, que en caso de no abonarla serían sustituidas por 11 meses de prisión.
El otro político sentado en el banquillo de los acusados, que en este caso no existe como tal por la distribución de la sala habilitada en la Plaza de Beladíez, es el exalcalde de Chiloeches, César Urrea. Este antiguo cargo del PP tendrá que declarar el 4 de octubre. Se le acusa de un delito continuado de prevaricación medioambiental y se pide para él un total de 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; 5 años de cárcel con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena, y 32 meses de multa a 20 euros diarios o 17 meses de prisión en caso de impago.
Altos cargos han declarado este miércoles
La directora general de Calidad e Impacto Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha de 2011 a 2015, Matilde B.C., y la jefa del Servicio de Control de Calidad Ambiental en el periodo de mayo de 2013 hasta la actualidad, Olga V.S., acusadas de un delito continuado de prevaricación administrativa en el juicio abierto por el incendio de Chiloeches se han ratificado en que realizaron el trabajo de sus competencias y han dejado entrever que nunca habían tratado de favorecer a nadie en su trabajo.
Así se ha desprendido de la declaración prestada por ambas en la tercera jornada de la vista oral abierta que se está viendo en los antiguos Juzgados de Guadalajara, donde comparecen 18 acusados y se dilucida lo hechos en tres empresas. Suman peticiones de penas por más de 144 años de cárcel.
Tanto Matilde B.C. como Olga V.S. han apuntado, a preguntas del Ministerio Fiscal y de las partes, que sus actuaciones siempre se llevaron a cabo con criterio y siguiendo los procedimientos establecidos en sus respectivos departamentos sin que se haya realizado nada ni para favorecer ni para perjudicar a la empresa propietaria de la planta, Kuk Medioambiental, donde supuestamente se estaba trabajando desde hacía algún tiempo con materiales tóxicos sin tener autorización para ello.
Ambas han precisado las labores concretas que tenían por su cometido, aludiendo a las distintas normativas y artículos que rige para este tipo de empresas de residuos.
En el caso de Matilde B.C., se pide para ella una pena de 12 años de inhabilitación especial para empelo o cargo público; tres años de prisión con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 28 meses de multa a razón de 20 euros al día o catorce meses de prisión en caso de impago.
La acusada ha admitido que ella misma firmó el 27 de abril de 2012 una modificación sustancial a la autorización medioambiental de Kuk de 2008 porque cumplía todos los requisitos establecidos en la ley. «La firmé sin ningún tipo de problema», ha dicho tras añadir que había un informe de enero que decía que la actividad que va a realizar la empresa se acogía al planeamiento urbanístico a esperas de tres actuaciones que se resolvieron después.
«No firmo cualquier cosa que me pasen», ha subrayado tras apuntar que en los cuatro años que estuvo al frente de esta dirección se realizaron cinco inspecciones y en cada una se fueron subsanando carencias.
Ha recordado que fue en el 2014 cuando ella tuvo conocimiento del estado en que se estaba explotando la planta de Chiloeches pero también que la empresa estaba subsanando deficiencias.
Por su parte, Olga V.S., jefa del Servicio de Control de Calidad Ambiental desde 2013 hasta la actualidad, ha asegurado a preguntas del Ministerio Fiscal que ellos «no se pusieron de perfil» cuando se enteraron de la situación de esta empresa sino que era un expediente que se tramitó en el Servicio Provincial de Medio Ambiente.
Ha apuntado también que hasta el año 2016 no les consta que esta empresa tuviera la autorización suspendida y que «por eso, la alarma no saltó» en el control y seguimiento que realizan de las empresas y que por ello no pudieron oponerse al traslado de residuos.
Sin embargo, a este respecto ha precisado que, hasta ese momento todo el trabajo que tenía que hacer su departamento se realizó con el sistema que se hace con todas las empresas. «Nos llegan anualmente en torno a 400.000 documentos, pero cuando tuvimos conocimiento de que algo estaba mal en esta empresa, realizamos el rechazo –de todos los documentos que seguían llegando al sistema– de forma manual».
También se pusieron en contacto con las comunidades autónomas receptoras y con el Ministerio.
En todo caso, la jefe de este servicio ha asegurado que considera que los mecanismos de control que utilizaron fueron los adecuados y que actuaron correctamente en su labor de seguimiento, diferenciando lo que se hace a nivel documental, que es su tarea, con lo que se realiza ‘in situ’.
También ha apuntado que nada más tener conocimiento de la suspensión de la autorización ambiental de Kuk en marzo 2016, mandó la documentación para que no se trasladaran ya residuos y pidieron una inspección al Servicio de Medio Ambiente de Guadalajara.
