La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que el protocolo para la prevención, identificación y actuación frente al acoso en el lugar de trabajo que está desarrollando la Junta de Comunidades es «ineficaz al no garantizar la imparcialidad del proceso de denuncia de casos».
Para CSIF, la propuesta de la Administración regional presentada en las diferentes reuniones del Comité Regional de Prevención de Riesgos Laborales, la última de ellas celebrada el viernes 8 de octubre, «no garantiza la correcta evaluación en materia de situaciones de acoso, ya que se basa en una metodología difusa y sin rigor científico».
Así, CSIF ha solicitado que todo el personal de la Administración autonómica, tanto funcionario como laboral, esté incluido en un solo Comité para poder cumplir la normativa en prevención de riesgos laborales y, por extensión, aportar toda su experiencia en la elaboración del protocolo contra el acoso, así como en materia de prevención de riesgos laborales.
Presumible falta de objetividad
El responsable de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF Castilla-La Mancha, Carmelo Gómez, señala que «la recogida de información la lleva a cabo un secretario con el objetivo de determinar si se aprecian o no indicios de situaciones de acoso, lo que de manera muy peligrosa puede provocar que muchos casos se cierren en falso por falta de objetividad», ha informado el sindicato.
CSIF ha recordado al Gobierno regional que el acoso «es una falta muy grave», tal y como establece la legislación vigente, y por ello el protocolo debe definir una metodología técnica y específica de evaluación de acoso psicológico y debe realizarse de forma preceptiva por los miembros del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, además de llevar a cabo una vigilancia de la salud, procedimiento que no recoge el protocolo.
La Central Sindical entiende que para garantizar la imparcialidad del proceso «se han de desarrollar las instrucciones necesarias para cuando se recuse a algún miembro evaluador del proceso, por ser parte del problema, y se indique a qué otras unidades o profesionales se podrán derivar los casos».
Asimismo, CSIF ha informado a los responsables de la Junta de Comunidades que en la actualidad existen profesionales de centros educativos que se encuentran en un «limbo administrativo en materia de prevención de riesgos laborales», señala Gómez, al carecer de representación específica en los Comités de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que «el protocolo que plantea la Administración muestra graves carencias de base en el ámbito educativo en el estudio de posibles escenarios de acoso».
