MADRID/TOLEDO, 29 (EUROPA PRESS)
Coca-Cola European Partners (CCEP) Iberia ha decidido presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 360 empleados en España, el 10% de la plantilla, según han informado a Europa Press en fuentes de compañía. Según CCOO, un total de 45 centros de trabajo se verán afectados por la medida, seis de ellos de Castilla-La Mancha.
Esta decisión, que se produce después del cierre de la planta embotelladora en Málaga, se ha trasladado ya a las organizaciones sindicales.
Los puestos afectados se centran fundamentalmente en la estructura comercial, atención al cliente y área de informática.
En concreto, la firma se ha reunido este viernes con la Mesa de Diálogo Permanente, integrada por las cinco Federaciones presentes en CCEP y los representantes de los trabajadores de las sociedades del grupo, con el objetivo de seguir abordando el proceso de cambio que afecta a España y que fue presentado en octubre pasado al organismo de consultivo constituido en CCEP a nivel europeo, el European Work Council (EWC).
En el transcurso de esta reunión, CCEP Iberia ha presentado su intención de acometer un proceso de la reorganización, optimización y homogeneización de su área comercial para la finalización de la implementación del modelo de comercialización y distribución de sus productos denominado ‘Route to Market’ que permite garantizar la eficiencia, eficacia y calidad de estas actividades en un contexto de mercado cambiante.
Hasta la fecha, en España estaban conviviendo diferentes modelos de comercialización y distribución que, tras los cambios operados tanto por el mercado como por la actividad de la empresa, debían ser revisados y homogenizados, según han explicado las mismas fuentes.
«El objetivo de estos cambios es asegurar una mejor adaptación a las necesidades actuales de nuestra actividad, con un portfolio de productos más amplio, nuevos productos y formatos, que nos ayuden a responder de forma más rápida a las actuales demandas y a los notables cambios en los hábitos de los consumidores y tratar, así, de asegurar un crecimiento sostenible del negocio», han resaltado desde la compañía.
Además, la propuesta presentada incluye la reorganización de departamentos transversales y de servicios generales como consecuencia de la necesidad de adaptación al nuevo modelo comercial y homogeneización de modelos a escala europea. Se trata de cambios que ya estaban previstos realizarse a comienzos de 2020 y afectan a nueve sociedades del grupo CCEP en España.
La intención de la compañía, según han resaltado las mismas fuentes, es que todo el proceso se desarrolle en un clima de diálogo constructivo en el que puedan alcanzarse acuerdos y buscar fórmulas que permitan aplicar las medidas intentando que el impacto sea el menor posible.
CSIF EXIGE UNA SOLUCIÓN NEGOCIADA Y UN PLAN DE VIABILIDAD
Tras conocer la intención de la compañía, CSIF ha exigido una solución negociada y un plan de viabilidad para la empresa.
«Según nos informan, la decisión obedece a un cambio de modelo y no por la situación actual de pandemia. La empresa no aporta ningún tipo de información detallada e indican que se irá trasladando a cada una de las representaciones de los trabajadores correspondientes de una manera oficial», ha señalado el sindicato.
Desde CSIF han insistido en una solución negociada, además de crear un plan de viabilidad que garantice el empleo de calidad a futuro en la compañía.
Asimismo, ha asegurado que «defenderá hasta las últimas consecuencias cada uno de los puestos de trabajo y las condiciones que se puedan pactar, siempre dentro del diálogo, el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores y el cumplimiento de todo lo que afecte al convenio colectivo vigente».
CCOO CIFRA EN 45 LOS CENTROS DE TRABAJO AFECTADOS
Según CCOO, un total de 45 centros de trabajo se verán afectados por la medida: nueve de Andalucía; seis de Castilla-La Mancha; cinco de Castilla y León; otros cinco de Cataluña; tres de la Comunidad Valenciana y de Baleares; dos de Canarias, Galicia, Madrid, Extremadura y Euskadi y uno de Aragón, Cantabria, Asturias y Murcia.
CCOO de Industria ha calificado la decisión de la compañía de «desproporcionada y oportunista» y, tras reconocer que las empresas están en constante adaptación al mercado, ha lamentado que «se aprovechen de la pandemia para ejecutar medidas de reducción del empleo que tienen como único objetivo maximizar sus amplios beneficios».
