CCOO-Industria de Castilla-La Mancha ha presentado demanda ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) contra el Decreto 280/2019, de 23 de diciembre, de los Derechos de las personas consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos o gaseosos o cualquier otro tipo de energía en Castilla-La Mancha, mediante el que la consejería de Desarrollo Sostenible dio vía libre a la instalación en la región de estaciones de servicio sin personal ninguno para atenderlas.
El secretario general de CCOO-Industria en la región, Ángel León, que ha formalizado el recurso del sindicato, señala que han recurrido este decreto porque, a su juicio, «empeora, y mucho, la regulación anterior».
Higiene de las instalaciones
«El nuevo decreto restará derechos a las personas consumidoras; permitirá a las empresas negar a las personas con discapacidad el ejercicio del derecho a la accesibilidad; generará problemas de competencia desleal entre las empresas del sector; provocará pérdida de empleo, especialmente grave en el mundo rural; y no garantizará la seguridad e higiene de las instalaciones y de sus usuarios, una cuestión especialmente grave en estos tiempos de pandemia porque, además de los riesgos de accidentes y los derivados del contacto con productos químicos tóxicos e inflamables, se pone en riesgo la salud pública», ha afirmado León.
Ya ni un trabajador como mínimo
En concreto, el sindicato impugna ante el TSJCM la eliminación de la obligatoriedad de contar con al menos un trabajador en las gasolineras, mediante la disposición derogatoria del anterior decreto, de 2005, cuyo artículo 2 sí exigía explícitamente que «todas las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción deberán disponer en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio, de una persona responsable de los servicios que en ellas se prestan».
«Castilla-La Mancha ha tenido durante quince años una normativa pionera y garantista, que ahora se deroga con el presunto objetivo de propiciar una competencia de la que, según el catecismo del liberalismo, se beneficiarán los consumidores porque provocará la bajada de los precios. A nuestro juicio, sin embargo, esto es más que dudoso, y en todo caso no puede hacerse a costa de negar a determinados colectivos derechos que deben ser universales; a costa de la salud y seguridad de los usuarios y de la salud y la seguridad públicas; y a costa del empleo, cuya eliminación es el único factor para esa supuesta mejora de la competitividad, basada únicamente en la supresión de costes laborales», subraya León.
Instalaciones sin responsables presentes
Al respecto, Margarita Mena, trabajadora de una gasolinera y responsable de Estaciones de Servicio de CCOO-Industria en la Comunidad Autónoma, ha recordado que en las estaciones desatendidas «tanto las personas con discapacidad como las personas mayores, las mujeres embarazadas o cualquier usuario, e incluso las propias instalaciones, quedan expuestos a riesgos, errores o usos indebidos, incidentes o accidentes, que el decreto no resuelve al no exigir la presencia de ningún responsable».
«Y ahora, con el COVID-19, ¿quién garantiza la desinfección de las instalaciones? ¿Quién desinfecta una gasolinera desatendida? Pese a su nombre, lo último que garantiza este decreto son los derechos de las personas consumidoras; solo se ocupa de facilitar el negocio a las multinacionales que se dedican a instalar y explotar gasolineras automáticas sin personal ninguno», ha lamentado.