El Gobierno de Castilla-La Mancha abordará en la presente legislatura la elaboración de una Ley contra el Despoblamiento que permita luchar contra la pérdida demográfica que sufren numerosas zonas de nuestra región, garantizando la prestación de los servicios básicos para la población que reside en estos núcleos relacionados con la sanidad, la educación o los servicios sociales, servicios bancarios y financieros o garantizar la plena conectividad territorial.
Así lo ha explicado este lunes el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha, en la que ha avanzado que la lucha contra el despoblamiento y los efectos del envejecimiento demográfico – con la creación del Comisionado para el Reto Demográfico -; la transparencia en la actuación del Ejecutivo y el fomento de la participación ciudadana; y la búsqueda del consenso para la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía centrarán la acción de la Vicepresidencia en esta legislatura.
A juicio de Martínez Guijarro, afrontar el reto demográfico “es, ante todo, una cuestión de igualdad de oportunidades, no discriminación y libertad para elegir”, por lo que el Ejecutivo autonómico buscará un Pacto regional contra la despoblación que culmine en la elaboración de una Estrategia frente al Reto Demográfico en Castilla-La Mancha “de naturaleza global y trasversal”.
El vicepresidente ha recordado que la lucha contra la despoblación comenzó durante la pasada legislatura con la reapertura de escuelas rurales, el refuerzo en la atención sanitaria, o la aprobación de la Inversión Territorial Integrada (ITI), que ha movilizado recursos de los fondos estructurales dando prioridad a las iniciativas de desarrollo en las áreas más deprimidas a través de casi un centenar de líneas de ayuda con criterios de discriminación positiva por importe superior a los 678 millones de euros.
Además, el Ejecutivo autonómico incorporará el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial en favor de una mayor cohesión social.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Castilla-La Mancha insistirá en su planteamiento al nuevo Gobierno de España sobre la “necesidad urgente” de reformar del actual modelo de financiación autonómica, para que se incluya el coste de la prestación de los servicios que permita corregir el desequilibrio de suficiencia por la dispersión de la población, la despoblación y el envejecimiento de la misma, cumpliendo los principios de solidaridad y suficiencia financiera, y para lo que ha apelado al compromiso del resto de grupos políticos de las Cortes regionales.
Ley de Participación Ciudadana
Del mismo modo, el vicepresidente de Castilla-La Mancha ha destacado el trabajo del Ejecutivo Autonómico para elaborar la Ley de Participación Ciudadana, que ya está en las Cortes regionales que se aprobará en el actual período de sesiones. Una ley que dota de nuevos mecanismos para que los ciudadanos puedan disponer de su interés de una forma clara y abierta, por medio de la Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación.
“Las nuevas tecnologías y las nuevas demandas sociales aconsejan nuevos procedimientos de participación más directos, que desarrollará la nueva ley, y que vienen a profundizar en el derecho de los ciudadanos a participar directamente, sin mediación de asociaciones, en las decisiones importantes que afectan a su futuro”, ha dicho.
Por lo tanto, garantizar el derecho de la ciudadanía a participar activamente en los asuntos públicos en condiciones de igualdad, información y responsabilidad, promover y desarrollar mecanismos que fomenten la participación ciudadana en las políticas públicas con carácter previo a la toma de decisiones y en el seguimiento y evaluación de los servicios públicos y facilitar y garantizar la participación ciudadana en los proyectos normativos, planes o programas que impulse la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos son objetivos de esta ley.
En cuanto a los instrumentos de participación, el más importante será el ‘Portal de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha’ para informar a la ciudadanía de las políticas públicas y concederle la posibilidad de intervenir activamente en las mismas.
Los procedimientos a instancias de la Administración se articularán en torno al denominado ‘Plan anual de participación ciudadana’, un documento estratégico que contendrá los proyectos normativos, planes o programas derivados de las políticas públicas que han de ser objeto de los instrumentos o procedimientos de participación previstos en la presente ley.
Aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía
Respecto a la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, Martínez Guijarro ha subrayado la apuesta del Gobierno del presidente García-Page por abrir un diálogo institucional con las distintas formaciones políticas, no sólo con los partidos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha, sino también con otras fuerzas políticas que están presentes en otras instituciones.
“Ese consenso debe permitirnos eliminar para siempre la tentación de reducir derechos y servicios públicos esenciales como solución a situaciones de crisis o tentación de favorecer intereses del sector privado, con el que podemos y debemos colaborar, y encontrar fórmulas para que la representación parlamentaria se ajuste mucho más estrechamente al voto de los ciudadanos”, ha apostillado.
El objetivo es elaborar un nuevo Estatuto de Autonomía que recoja asuntos como la protección del estado del bienestar de la comunidad autónoma, el establecimiento de una arquitectura institucional y unas reglas del juego que mejoren la representatividad en el Parlamento autonómico.
Reforzar la defensa de nuestros intereses en Europa
La defensa de los intereses de Castilla-La Mancha en Europa también compete a la Vicepresidencia regional que, tal y como ha avanzado Martínez Guijarro, se ha marcado para esta nueva legislatura “dar un nuevo impulso en el ámbito de la financiación europea que nos permitan una mayor consecución de fondos para los proyectos en los que participen entidades tanto públicas como privadas de Castilla-La Mancha”.
Finalmente, ha señalado que Castilla-La Mancha coordinará la representación de las Comunidades Autónomas españolas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, donde se trasladarán las prioridades de la región para que sean debatidas en este órgano.