Un hombre, nacido en 1971 en la antigua Residencia sanitaria de Guadalajara, no supo hasta 2021 que no era hijo de su madre ni hermano de su hermana. Tal cual. Fue entonces cuando se sometió a pruebas voluntarias de ADN con quienes creía que eran sus familiares más cercanos y comprobó que no había parentesco biológico con ellas.
Tras los resultados, pidió su historia clínica, en vano. Le contestaron que no aparecía porque, con ocasión del traslado de los servicios al nuevo hospital, que se inauguró el 25 de enero de 1982, se había perdido documentación. Según el afectado, en el hospital le comentaron que «es un problema» que se ve «con cierta frecuencia» porque en el traslado de historias clínicas de la residencia vieja al Hospital Universitario «se perdió documentación».
El hombre, a día de hoy, desconoce quiénes son sus progenitores biológicos y parientes.
Por esas circunstancias pidió que se le indemnizara con 3 millones de euros, algo que ahora está más complicado de conseguir.
Su abogado asegura que en el Archivo Histórico de Guadalajara encontró el libro de ingresos de la antigua residencia.
Allí, en uno de los documentos, figuraría el alta de su cliente y pudo ver cómo se le atribuyó un pueblo de residencia pero, después, se escribió otro encima, «machacando» la escritura original.
De este modo, su defendido fue a parar con una familia que no le correspondía, al segundo pueblo, donde vivió como hijo biológico de ésta hasta el día en que, tras sospechar que algo podía pasar, dado que su grupo sanguíneo era cero negativo, decidió hacerse la prueba de ADN.
Revés en el Consejo Consultivo
Sin embargo, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (con fecha 17 de octubre del 2024) ha considerado que no se ha «acreditado relación de causalidad entre el daño sufrido» por el demandante «y el funcionamiento del servicio público sanitario».
Algo que para el abogado, Sáez Morga, es «una contradicción» que «no tiene ni pies ni cabeza» y, desde el SESCAM, «debe admitirse la anomalía».
«En la resolución» del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha «se dice que se ha podido cambiar en la calle, o por otras personas, pero eso no tiene pies ni cabeza porque al padre le dieron un certificado con el que inscribe a la criatura», ha insistido.
Ahora, dispone hasta el 15 de enero para presentar un recurso a la resolución del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (en Toledo), que aún no ha formalizado porque está a la espera de recibir documentación de este órgano.