Tiene su punto de ironía que solo dos bancos se hayan mostrado dispuestos a mantener una red de 33 cajeros automáticos en pueblos de Guadalajara, pagada por la Diputación. Y la ironía es completa al saberse que estas entidades han sido Caixabank e Ibercaja, que en estos últimos años vienen acometiendo una continua reducción de personal y de medios en la provincia. La historia es, ciertamente, curiosa.
CaixaBank ha sido finalmente la adjudicataria, por un periodo de cuatro años, de la instalación y el servicio de mantenimiento de 33 cajeros automáticos en otros tantos pueblos de Guadalajara que actualmente carecen de este servicio bancario. Es el mismo tipo de aparato que movilizó en los últimos días a vecinos del Alto Tajo, que veían como Ibercaja les quitaba, grúa mediante, el cajero de Villanueva de Alcorón y les dejaba con una mínima atención presencial.
A partir de ahora, pueblos como Alcocer, Espinosa de Henares, Fuentenovilla, Yebra, Fuentelencina, Mandayona, Mazuecos, Budia, Torremocha del Campo, Viñuelas, Alhóndiga, Anguita, Alustante, Peñalver, Hiendelaencina, Galve de Sorbe, Loranca de Tajuña, Trijueque, Valdeaveruelo, Pareja, Aranzueque, Driebes, Corduente, Hontoba, Tendilla, Hita, Valdenuño Fernández, Lupiana, Heras de Ayuso y Armuña de Tajuña tendrán su cajero, pero con unas condiciones muy especiales, no por las leyes del mercado.
A pesar de que la previsión inicial era que la idea interesara a más empresas del sector, finalmente sólo CaixaBank e Ibercaja han presentado oferta para asumir este servicio, costeado por la Diputación de Guadalajara. El propósito, bienintencionado, es atenuar la brecha financiera en el medio rural… esa misma que tiene como protagonistas, entre otras, a las dos entidades concurrentes.
La adjudicación a CaixaBank está a la espera de la próxima formalización del contrato entre la Diputación de Guadalajara y la entidad bancaria, por un periodo de 48 meses. Salió a licitación con un presupuesto base de algo más de 4 millones de euros, según recuerda el diputado de Obras y Servicios, Ramiro Magro.
Dinero público para mover el dinero privado
La Diputación paga los gastos, los clientes correrán con la comisión establecida para cada extracción o movimiento a través del cajero y los 33 ayuntamientos que se han acogido al proyecto solo han tenido que ceder el inmueble en el que se instalará el cajero y asegurarse de que en el local haya línea de luz y wifi.
De hecho, los técnicos de Diputación han visitado cada uno de estos pueblos, con el fin de evaluar la obra a realizar en todos ellos y la ubicación idónea. Una de las condiciones era que el local donde iría el cajero fuesa de titularidad municipal y contara también con conexión eléctrica y de datos. Los casos han sido variados: en algunos municipios la obra ha supuesto un coste mínimo, porque anteriormente ya había una entidad instalada en ese mismo punto; en otros, el gasto será elevado, aunque eso no haya so un criterio para su exclusión.
Tras la firma del contrato, que se espera pueda llevarse a cabo en un plazo estimado de varias semanas, tendrá que estar en exposición pública durante 15 días y la previsión es que en 90 días estén instalados los 33 cajeros. Eso supone que para el mes de agosto, previsiblemente, todos estarán ya en funcionamiento. El proceso de instalación arrancará en el mes de mayo.
Cajeros nuevos, a estrenar
El pliego de condiciones técnicas de licitación establecía, entre las funcionalidades requeridas, que los cajeros que se instalen deben disponer de retirada de efectivo, posibilidad de realizar ingresos con retención de billetes falsos, lectura y actualización de libretas bancarias, transferencias entre cuentas, pago de tributos gestionados por el Servicio de Recaudación de la Diputación y posibilidad de pago de impuestos autonómicos y estatales, posibilidad de pago de multas, recarga de móviles y recuperación de tarjetas capturadas, que deberán ser remitidas a la oficina bancaria emisora de la tarjeta.
Además, los cajeros a instalar deberán ser nuevos y permanecer en perfecto estado de conservación durante los cuatro años de vigencia del contrato, correspondiendo su mantenimiento y limpieza a la entidad que resulte adjudicataria.
La disponibilidad de los equipos deberá estar operativa durante las 24 horas del día, todos los días del año, y tendrán que estar adaptados para personas con discapacidades físicas, siendo accesibles para sillas de ruedas y contando con menús adecuados para personas con problema de visión como ayuda guiada por voz, conexión por auriculares y teclado en Braille.
Tendrán que estar dotados de cámara de seguridad, lector para cualquier tipo de dispositivo (tarjeta, móvil, reloj o pulsera), unidad de escáner para lectura de códigos de barra y unidad de impresión de recibos.
Durante estos cuatro años también habrá un comité de seguimiento del uso de estos cajeros.