El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo aprobaba este viernes una moción conjunta contra la okupación. Fue respaldada por cuatro de las cinco formaciones políticas representadas en la corporación, ya votó en contra el único edil de Unidas Podemos/ Izquierda Unida en la corporación.
El texto de la moción recoge cinco puntos:
1. Estudiar la creación de una unidad policial de actuación rápida para dar solución a los problemas creados por allanamientos de morada y los problemas de convivencia que se generan.
2. Estudiar la creación de una línea de teléfono específica para la denuncia de okupaciones ilegales.
3. Instar al Gobierno de España a que estudie y apruebe una Ley destinada a luchar contra la okupación ilegal de viviendas, respetando el derecho a la vivienda que recoge la Constitución Española.
4. Instar en el mismo sentido al Gobierno de Castilla-La Mancha
5. Continuar con la práctica de denunciar ante la Fiscalía y dando cuenta a los propietarios de inmuebles ilegalmente okupados de las inscripciones ilegales de las que se tengan conocimiento.
Inicialmente se iban a debatir en el Orden del Día dos mociones diferentes presentadas por PP y Cs sobre este mismo tema, pero ambas formaciones retiraron sus textos, para pactar uno conjunto con el PSOE; acuerdo al que se sumó finalmente Vox, y del que se desmarcó UP.
Enviser y el Ayuntamiento, a la greña
En la parte ejecutiva, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la desestimación de unas alegaciones presentadas por la actual empresa de limpieza viaria de la localidad, Enviser, ratificando la multa que se le impuso por negarse, hace unos meses, a podar los árboles de los viales de la localidad. Además de cobrarle el costo que le supuso al Ayuntamiento contratar a otra empresa para hacer este trabajo, el consitorio le ha impuesto una sanción de 49.000 euros de multa por falta muy grave, que también detraerá de los pagos pendientes a la concesionaria. El punto salió aprobado sin votos en contra, con PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox a favor, y la abstención del PP.
Finalmente, el Pleno también aprobó por unanimidad un reconocimiento de crédito y levantar un reparo de Intervención para abonar a un abogado de la provincia los honorarios de una defensa jurídica que llevó entre 2013 y 2015, y que todavía estaba pendiente de pago. Se trata de un abono de 12.300 euros.