TOLEDO, 29 (EUROPA PRESS)
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha comparecido en comisión parlamentaria para dar cuenta de la gestión de su departamento ante la crisis sanitaria originada por el coronavirus, apuntando que desde que se declarara el estado de alarma el pasado mes de marzo se han llegado a contratar 2.265 personas para atender la pandemia, además de que se han impulsado 850 actuaciones inspeccionadoras para auditar el funcionamiento de estos centros.
En este sentido, ha avanzado que el próximo martes la consulta pública del Decreto que actualiza la inspección de centros y servicios dependientes de la Consejería de Bienestar Social. De esta forma, se traba en un modelo de Bienestar Social avanzado «que requiere la actualización de la normativa con el objetivo de agilizar los procedimientos».
En el caso de la inspección de centros, la finalidad es mejorar la calidad de la atención e insistir en la función asesora a la entidades, centros y servicios sociales, así como de las personas usuarias de los mismos, ha aseverado la consejera.
El nuevo Decreto establecerá el procedimiento para la obtención de la acreditación calidad de los Servicios Sociales y su régimen de autorizaciones administrativas y regulará el Registro de Servicios Sociales.
Durante su intervención, ha recordado que son 343 residencias a lo largo de la región que atienden a un total de 26.000 plazas autorizadas.
El plan para atenuar el paso del COVID por estos centros, ha dicho, se ha ido adaptando teniendo en cuenta las «diferencias notables» entre las distintas olas, ya que se ha sufrido distinta afectación en los últimos diez meses desde el punto de vista territorial.
CUATRO PILARES
Así, la estrategia se diseñó en cuatro pilares, comenzando por la prevención, que contempló la reserva estratégica de material, la formación del personal, la actualización de planes de contingencia o poner un servicio de atención ciudadana.
La fase de control se dibujó para reforzar medidas extraordinarias, asumir las recomendaciones aprendidas de las auditorías en residencias, garantizar stock de producto y empezar las inspecciones de los centros sociales, llegando a esa cifra de 850 visitas inspectoras en todo 2020.
Se apuntaló la atención especializada en centros residenciales para garantizar mayor protección de usuarios y trabajadores, también con un plan de comunicación entre residentes y familiares y protocolos específicos de visitas adaptándose a la situación, además de con la contratación de 2.265 personas para atender la demanda y la cobertura de bajas y vacaciones.
Una cuarta fase de intervención urgente con medidas como cierre de residencias en casos de gravedad, desinfecciones integrales de centros, reasignación de profesionales o disponibilidad de espacios o centros especializados para la atención temporal a los contagiados.
CASI MIL RESIDENTES CONTAGIADOS
En cuanto a la foto fija de la afectación en centros de mayores, son 888 residentes los que cuentan con PCR positiva a lo largo de 132 residencias. En total, son 1.875 fallecidos desde el inicio de la pandemia con confirmación de coronavirus.
En estos meses, ha recordado «se han adaptado y reforzado muchos servicios» como el de ayuda a domicilio y teleasisntencia, de manera que se ha garantizado a 26.700 personas que viven solas en la región.
De manera paralela se han impulsado las nuevas tecnologías para prestación de servicios, 6.679 familias reciben el Ingreso Mínimo Vital y unas 20.000 personas la renta garantizada. En total son 55.000 prestaciones en conjunto impulsadas por su departamento.
INCIDENCIA DE FILOMENA
Aurelia Sánchez también ha ofrecido datos de la gestión del Gobierno y de su departamento en particular ante las incidencias del último temporal de nieve, apuntando que no se han registrado incidencias graves en la red de residencias.
En este sentido, ha afirmado que se realizaron 1.500 intervenciones de ayuda directa a personas en situación de emergencia por el temporal en colaboración con Cruz Roja, con intervenciones como traslado de personas o atención domiciliaria para suministrar alimentos o medicación.
Se puso en marcha un plan de emergencia para usuarios de teleasistencia, especialmente a beneficiarios residentes en zonas que quedaron aisladas por la nevada, con 170 profesionales que vía telefónica atendieron a más de 7.000 usuarios de 183 municipios.
Para rematar su intervención, ha ofrecido más datos al respecto del trabajo de su equipo, avanzando que se está trabajando en un plan de cuidados de larga duración para personas mayores en domicilio y diseñando una estrategia de atención a la discapacidad actualizando modelos de acogimiento, junto a un decreto de armonización de prestaciones económicas y modernización de infraestructuras sociales.
CS CREE QUE SON MÁS FALLECIDOS
La diputada de Cs Úrsula López, de su lado, ha ofrecido sus propios datos, considerando que siete de cada diez fallecidos por coronavirus en la región residían en este tipo de centros. «Todo hace indicar a ese dato», ha dicho.
Con esa estadística, ha acusado directamente a la consejera de falta de transparencia. Tras exigir información real de los datos de contactos, también de aquellos mayores que no residen en estos centros, se ha interesado por la campaña de vacunación en estos centros.
Medicalizar residencias y auditarlas aplicando normas de calidad han sido algunas de las cuestiones planteadas por López, quien además ha pedido información sobre la derivación de pacientes contagiados desde hospitales a centros de mayores, caso que por ejemplo ha ocurrido en Talavera de la Reina.
PP: «SE SIGUEN COMETIENDO ERRORES»
El diputado del PP Vicente Aroca ha sido el encargado de fijar la posición de su partido en esta comisión, considerando que la región está «en un socavón, en un drama, y con lo peor por llegar». Aunque reconoce que en estos momentos la situación en residencias no es tan mala como en marzo, ha avisado de que el enemigo es «peligroso y desconocido» con nuevas cepas que afectan «de forma abrumadora».
«Se siguen cometiendo errores y carencias», ha lamentado, por lo que ha pedido a la consejera «concreción y compromisos» en la gestión de la pandemia en estos centros.
También ha reclamado la medicalización de estas residencias y evaluar los planes de contingencia acometidos, interesándose por el papel de las cinco residencias dedicadas al COVID.
«Pongan más dinero y más plazas concertadas para la concertación. El sector lo está pasando mal. No dejen de contratar ni de apostar por las bolsas de trabajo», ha abundado el parlamentario albaceteño.
PSOE CARGA CONTRA LA OPOSICIÓN
De otra parte, el diputado del PSOE Pablo Camacho ha iniciado su intervención cargando contra el papel de la oposición, principalmente del PP, a quien ha acusado de falta de lealtad a la hora de combatir la pandemia. «Nadie se presenta a unas elecciones para gestionar una pandemia. Trabajemos, desde la discrepancia pero juntos, para salir cuanto antes de esta pesadilla», ha reclamado.
Sobre el trabajo de Aurelia Sánchez, ha puesto en valor que a pesar de la pandemia se ha seguido trabajando en todas las áreas de su departamento. A ello, ha sumado el presupuesto diseñado con la aprobación de PSOE y Cs de cara a combatir este 2021 los retos de la pandemia, unas cuentas «ambiciosas desde el punto de vista de las inversiones» que servirán para combatir la situación.
