El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha defendido este martes en Salamanca la Ley de medidas contra la despoblación aprobada por unanimidad esta legislatura en Toledo. Ha animado a “superar el provincianismo” para revertir este fenómeno, con una mirada más amplia y sin producir “quiebras en la convivencia” propias de planteamientos nacionalistas.
“Tenemos que superar el provincianismo y luchar contra la España despoblada y contra los desequilibrios sin luchar contra la vertebración nacional, manteniendo la cohesión”, ha enfatizado Bellido, que anima a establecer medidas que permitan que la población rural cuente con “los mismos derechos y oportunidades” que en las ciudades. No obstante, considera que hay que abordar este desafío con amplias miras, “conscientes de que somos un país, que estamos en un espacio de libertad como es la Unión Europea” y “sin que se establezcan nuevas quiebras de la convivencia”, una actitud que es más propia de los nacionalismos”.
La intervención de Bellido se ha producido en el Casino de Salamanca, durante las ‘III Jornadas sobre Historia del Parlamentarismo: información y propaganda en tiempos de Maldonado’, en una mesa redonda junto al presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes.
Un problema internacional
A preguntas de los medios de comunicación, minutos antes de participar en este foro, el presidente de la asamblea castellanomanchega ha recordado que el fenómeno de la despoblación rural tiene una escala internacional, “no ocurre solamente en España y en Europa y genera movimientos internacionales muy potentes”, pero ha defendido que en territorios como Castilla-La Mancha las políticas para revertir esta situación llevan décadas en marcha, “aunque haya sido ahora cuando se ha puesto nombre al fenómeno”, en referencia a denominaciones que no le convencen como “España vacía” o “España vaciada”.
Bellido ha recordado que la ley que se aprobó en las Cortes de Castilla-La Mancha con el apoyo de sus 33 diputados en mayo del año pasado es “la primera ley para luchar contra la despoblación de Europa” a través de una estrategia de “medidas fiscales, económicas y que blindan servicios públicos en el entorno rural”.