El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha publicado este miércoles los últimos datos de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), que indican que en Castilla-La Mancha el índice fue de 7,99 casos por cada 1.000 mujeres en el año 2018, por debajo de la media nacional, de 11,12 por cada 1.000 mujeres.
Sin embargo, la región si registró un aumento en este indicador en 2018 con respecto al año anterior, ya que en 2017 fue de 7,48 casos por cada 1.000 mujeres.
A nivel nacional, los datos muestran un año más un ligero aumento con respecto a años anteriores. A lo largo de 2018, abortaron un total de 95.917 mujeres (11,12 por cada 1.000 mujeres), lo que supone un incremento del 1,91 por ciento respecto a 2017.
Aunque Sanidad señala que, "en términos estadísticos, esto supone una tendencia a la estabilización", el pasado año la subida ya fue del 1 por ciento. No obstante, lo cierto es que son datos muy por debajo del 2010, último año con la regulación anterior a la actual, cuando se registraron 113.031 interrupciones voluntarias del embarazo, con una tasa de 11,49 por cada 1.000 mujeres.
"El descenso es visiblemente destacado si se retrocede hasta el año 2008, cuando se produjeron 115.812 abortos (11,78 por cada 1.000)", continua el ministerio en su valoración.
El pasado año, 310 niñas menores de 15 años tuvieron una interrupción voluntaria del embarazo; hasta 19 años fueron 9.518 casos; de 20 a 24, se dieron 20.595 casos; de 25 a 29 años, 20.876 casos de IVE; de 30 a 34 años 19.856; de 35 a 39 años fueron 16.953; de 40 a 44 años fueron 7.201 casos y en mayores de 44 años se dieron 608 casos.
En el grupo de mujeres menores de 20 años también se ha registrado un estancamiento, con 9.828 interrupciones, 73 más que en 2017. Representan al 10,25% del total de abortos y la mayoría (el 65,37%) interrumpe su embarazo antes de la semana 8 de gestación. Mientras, la tasa de abortos realizados en esta franja de edad (8,96 por 1.000) muestra un descenso hasta 2016. En 2010, era bastante superior, del 12,71 por 1.000.
Concretamente, por edades, la mayor tasa se registra en el rango entre los 20 y los 24 años, situada en 18,59 IVE por cada mil mujeres, algo mayor que el año anterior (17,42). Le siguen las mujeres de entre 25-29 años, con una tasa de 16,73 (15,74 en 2017), y las de entre 30 y 34 años con 13,85 (12,61). En el rango de 19 y menos años se ha producido un leve aumento, de 8,96, por encima del 8,84 del 2017, y cerca de 8,97 del 2016. Entre 35 y 39 años la tasa es de 9,51 mientras baja a 3,99 en la mayores de 40.
La propia petición de la mujer es un año más el motivo alegado para la interrupción, con 90,44 por ciento (sube con respecto al 2017 89,75%), seguida del grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada 5,94 (baja respecto al 6,38% de 2017), el riesgo de graves anomalías en el feto 3,32 por ciento (3,61% en 2017) y, muy minoritariamente, por anomalías fetales incompatibles con la vida que baja y se sitúa en 0,28 por ciento (0,30%).
El grueso de las intervenciones se realizaron en la octava semana o menos de embarazo (70,51%). Uno de cada cuatro (23,68%) se hicieron entre las 9 y las 14 semanas, mientras que el resto se practicaron por encima de las 15 semanas de gestación.
Por comunidades autónomas, la mayor tasa de interrupciones voluntarias del embarazo se ha registrado en Cataluña, con 14,04 casos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, muy por encima de los 12,89 casos de 2017. Desbanca a Baleares que baja al segundo puesto con 13,92 casos aunque prácticamente se mantiene con respecto al año anterior (13,94 casos); Madrid sigue en tercer lugar con 12,74 casos (13,07 en 2017); y, por encima de la media nacional, le sigue Asturias con 12,65 (baja de los 12,73 de 2017); Murcia sube a 11,68 casos (10,99 en 2017); Canarias con 11,56 casos sube con respecto a 2017 (11,29) y Andalucía que también sube 11,29 casos (10,38 en 2017).
Por debajo de la media, País Vasco con 10,03 casos, en 2017 fueron 9,98; Aragón con 9,19 casos baja respecto a los 9,34 casos por cada 1.000 mujeres de 2017; Comunidad Valenciana sube con 9,17 casos(8,06); le sigue Castilla-La Mancha sube con 7,99 casos (7,48); Navarra con 7,88 casos (7,88 en 2017); Cantabria sube con 7,75 casos (7,55); La Rioja sube con 6,91 casos(6,09); Extremadura sube con 6,71 casos (6,06); Castilla y León sube con 6,60 casos (6,21); Galicia se mantiene con 6,50 casos (6,51), y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla bajan con 3,50 casos (4,80).
Por otro lado, el perfil según la nacionalidad arroja que el 65,29 por ciento eran españolas; un 7,5 por ciento de la Unión Europea, un 1 por ciento de Europa; un 5 por ciento Africanas; un 18,52 por ciento del contienen Americano, siendo el 13,66 de América del Sur; finalmente de Asía un 2,5 por ciento.
HOSPITALES PÚBLICOS FRENTE A PRIVADOS
Por otra parte, se sigue incrementando el número de abortos en centros públicos. El año pasado, el 13,95 por ciento de las interrupciones se llevó a cabo en centros públicos, frente al 1,84 por ciento de 2010. No obstante, el 86 por ciento se realizaron en centros privados, en gran medida por la distribución de centros en los que se realiza.
En Andalucía hay un centro público frente a 15 privados; en Aragón ninguno público frente a dos privados; en Asturias hay 5 centros sanitarios públicos frente a 3 privados; en Baleares, hay 7 públicos y 3 privados; en Canarias hay 3 públicos y 4 privados; en Cantabria 1 público y 2 privados; en Castilla-La Mancha ninguno público y 2 privados; en Castilla y León uno público y 3 privados; en Cataluña 66 centros sanitarios públicos, frente a 16 privados; en la Comunitat Valenciana hay 14 públicos y 16 privados; en Extremadura solo uno privado; en Galicia 8 públicos y 3 privados; en Madrid uno público y 7 privados; en Murcia solo 5 privados; en Navarra 9 públicos frente a uno privado; en el País Vasco hay 8 públicos y 6 privados y La Rioja tiene 2 públicos; las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla sin centros.
Al menos en el caso de Guadalajara, muchas de las mujeres que lo requieren acuden a clínicas IVE madrileñas como la Clínica Dator, que tiene convenio con el SESCAM, derivadas por su médico de cabecera y ante la que presentan la hoja de gratuidad de la prestación.