La Guardia Civil de Villarrobledo, dentro del marco de la operación ‘Evoni’, ha detenido e investigado a un total de 41 personas, de diferentes nacionalidades, por la comisión de 412 hechos delictivos. De este modo se da por desarticulada una red internacional dedicada a cometer estafas a través de Internet.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia presentada ante la Guardia Civil de La Roda, en noviembre del año 2017. Entonces, una persona manifestó haber sido víctima de una supuesta estafa por valor de 2.200 euros.
Esta víctima observó como en una web de venta de artículos de segunda mano se ofertaba un vehículo, y tras contactar con el vendedor y llegar a un acuerdo económico le realizó una transferencia bancaria por valor de 2.200 euros, para la adquisición del mismo.
Transcurrido un tiempo prudencial desde el pago, el incauto sospechó de la compra al no recibir el vehículo en su domicilio tal y como se había pactado. Al contactar nuevamente con los estafadores, le requerían copia de su documentación personal y una cuenta bancaria para devolverle el dinero, si el vehículo no era de su agrado.
La mecánica de la organización consistía en que con los datos cedidos por los compradores, los estafadores contrataban cuentas bancarias online en diversas entidades bancarias, para posteriormente estafar a otras personas. También contrataban tarjetas de crédito, así como créditos rápidos en varias empresas del sector bancario.
El papel de los Bitcoin
Una vez que los autores de los hechos tenían abiertas cuentas online, usando identidades de víctimas de estafas anteriores, realizaban transferencias a cuentas de corredores de criptomoneda (exchangers), los cuales procedían a blanquear el dinero obtenido mediante su conversión a la moneda virtual bitcoin.
Los bitcoins, fruto del blanqueo de la organización, eran desviados mayoritariamente a empresas de juego online, con sede en el extranjero, que aceptan el pago en moneda virtual, donde realizaban apuestas de mínimo riesgo obteniendo las ganancias blanqueadas y transformadas ya en divisas de uso común.
También se ha comprobado que parte del dinero se desviaba a cuentas de bancos de Inglaterra, India y de Gibraltar, especializados en emitir tarjetas de crédito recargables de forma online.
Más de dos años de investigación
Durante los dos años y medio que ha durado la investigación, se ha constatado como los autores de los hechos tenían una red criminal perfectamente estructurada, contando con amplios conocimientos de informática.
Estas personas hacían uso de las últimas tecnologías que proporciona Internet, para enmascarar su verdadera identidad a la hora de navegar y, así, asegurar el éxito de las estafas y el posterior blanqueo del dinero estafado, manteniendo su privacidad e impunidad.
En las labores de investigación se llegaron a analizar más de 13.000 gigabytes de datos, realizando el estudio de 123 líneas telefónicas, de 10.000 cuentas de correo electrónico, de 20.000 direcciones IPs, de 75 cuentas de moneda virtual (monederos), así como los datos y movimientos de 93 cuentas bancarias, que finalmente resultaron bloqueadas. De igual forma, a instancia de los investigadores, se procedió a retirar de la plataforma de anuncios de segunda mano, un total de 5.702 anuncios que habían sido publicados por los autores de los hechos.
Asimismo, se realizaron registros en tres locutorios, donde la organización adquiría las tarjetas SIM de los teléfonos móviles utilizados para cometer las estafas, registrándolos a nombre de personas con identidades falsas.
Las investigaciones practicadas por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villarrobledo, dieron como resultado la plena identificación y detención de los dos presuntos autores materiales de las estafas investigadas, así como de los once exchangers vinculados al blanqueo del dinero. Además, resultaron investigadas otras 28 personas participantes en la red criminal desmantelada.
El montante total blanqueado por estas personas asciende a 150.000 euros, procedentes de al menos 150 estafas detectadas, habiendo podido recabar los investigadores 130 denuncias presentadas en dependencias de Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra, de víctimas residentes en todas las provincias del territorio español así como en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Colaboración internacional
El análisis de los datos recabados durante la investigación requirió, del rastreo de multitud de direcciones IP, correos electrónicos y de cuentas corrientes muchas de ellas en el extranjero, Por ello se llegaron a cursar más 160 solicitudes de colaboración policial a cuerpos de policía de toda la Unión Europea además de seis Órdenes Europeas de Investigación tramitadas por la autoridades judiciales españolas.
Las diligencias,fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número uno de Manacor.