El pasado sábado día 14 asistí en Madrid a la manifestación en defensa de MUFACE en protesta por la posible supresión de la asistencia sanitaria a los empleados públicos a través de Muface.
Allí asistieron decenas de miles de funcionarios, unos en activo y también otros ya jubilados, pero todos muy enfadados con el Gobierno por la decisión tomada de tumbar el modelo actual y por no haber buscado con el tiempo suficiente una solución a la renovación del convenio de Muface con las aseguradoras y porque ya se les está denegando numerosas autorizaciones de intervenciones o citas para 2025.
El tiempo se agota para sacar una nueva licitación, para solucionar el conflicto que hay en este momento y para que las aseguradoras presenten de nuevo sus cálculos y sus propuestas tras haber quedado desierta la licitación publicada por el Gobierno, quién tendrá que tomar la decisión definitiva sobre Muface.
El periodo en el que los mutualistas eligen entidad es el mes de enero y posiblemente ante el evidente riesgo de no tener una cobertura sanitaria real y efectiva muchos mutualistas empezarán a solicitar el traslado al servicio autonómico correspondiente en breve.
La realidad es que la eliminación del modelo MUFACE no solo impacta directamente en los derechos del funcionariado, sino que también agravará los problemas de saturación en la Sanidad Pública, al incrementar la presión sobre el sistema.
Este modelo se fundamenta en el principio de mutualismo, es decir, la colaboración entre los afiliados para garantizar su protección social. Los afiliados aportan una cuota mensual que se descuenta de su nómina y que se destina al sostenimiento de las prestaciones. O sea que las prestaciones se sustentan por las propias cuotas de los mutualistas.
La eliminación de Muface es una decisión ideológica que se antepone al sentido común, a los derechos y bienestar de los ciudadanos; es una decisión de la ministra de Sanidad, que lo enunciaba así en su programa electoral: “inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada”. ¿Puede el sistema general hacerse cargo de 1,5 millones de personas que están en Muface en el Sistema Nacional de Salud con un servicio de por si ya precario y con listas de espera interminables? El Ministerio de Sanidad con su ministra a la cabeza dice que sí, que ya ha preparado un plan de viabilidad para que esta absorción sea exitosa, estratificando pacientes.
Durante el mes de enero, año tras año, los funcionarios han podido elegir entre estar en una de las tres aseguradoras privadas o en la Seguridad Social.
Lo que algunos ven como un privilegio realmente es un derecho que ahora el actual gobierno pretende eliminar; y no lo hace por una motivación económica ya que el pago anual por asegurado en la Seguridad Social es de unos 1.700 euros, mientras que en las aseguradoras privadas es de solo unos 1.000 euros; es decir la Administración se ahorra aproximadamente unos 700 euros anuales por cada mutualista que escoge una aseguradora privada. Esta diferencia se debe al bajo precio que el Estado paga al médico privado por visita. Nos encontramos entonces a una decisión ideológica que busca que la sanidad privada quede reducida a su mínima expresión.
Romper con el modelo Muface no solo perjudicará a los que están inscritos en una aseguradora privada, también a todos los usuarios de la Seguridad Social ya que con la llegada de un millón más de usuarios quedará esta más sobrecargada y en consecuencia los tres meses de media que ahora hay que esperar para conseguir una visita con un especialista pasarán a cuatro o más meses, y lo mismo sucederá con las intervenciones quirúrgicas.
Esta crisis de Muface es un mensaje que debería servir para ponernos en alerta y entender que cada vez tendremos más gasto sanitario en una España que envejece a marchas forzadas y que por tanto el gasto sanitario será cada vez mayor; y eso que ya es un 40% del gasto autonómico.
Antonio de Miguel Antón
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