Antonio de Miguel en 2019 en Guadalajara. (Foto: La Crónic@)

Lo que está ocurriendo con el Fuerte de San Francisco en nuestra ciudad merece una reflexión profunda sobre la política y sobre nuestros políticos. La política debe ser una actividad cuyo objetivo general ha de ser la de resolver pacífica, democrática y razonablemente los conflictos entre las personas a quienes representan. La política tiene que organizar la convivencia y buscar y promover el bien común. La política tiene que ser la solución y no el problema.

El asunto del Fuerte de San Francisco se ha convertido en una utilización de las administraciones por encima de los intereses de la ciudad de Guadalajara. Es un claro ejemplo de enfrentamiento de posturas partidistas radicales cerradas e inamovibles que nada bueno traerán para el futuro de los guadalajareños. Esa cerrazón de unos y de otros que impide que nadie ceda no va a ser bueno para los guadalajareños ni para el interés general de la ciudad.

Nuestros dirigentes son incapaces de estar a la altura de lo que les exige la política democrática. Están siendo incapaces de resolver un problema y no están cumpliendo con los deberes que se derivan de ella, que no es otro que el buscar la esencia del interés común respetando las reglas del juego político.

Los guadalajareños tenemos muy claro que este asunto del Fuerte es un ejemplo de como la política se está pervirtiendo y que existe un problema muy grande con los actuales actores políticos en Guadalajara, que se oligarquizan y que olvidan y anteponen el interés común por encima de los intereses partidistas. Lo peor de todo es que cosas así están provocando que aumente la desconfianza hacia la clase política y aumente el rechazo hacia la propia política.

Son muchas las veces en que los intereses y deseos de los guadalajareños son obviados, no porque sean de imposible realización, sino porque hay otras razones espurias de nuestros dirigentes por encima del interés general. Este conflicto de intereses de los responsables públicos es un conflicto entre obligaciones públicas e interés partidista que puede indebidamente influir en el desarrollo de nuestra ciudad. El gestionar adecuadamente los conflictos de interés y tratar de prevenirlos es una vía para luchar contra la corrupción política y, por ello, en mi humilde y modesta opinión debería ser necesario para mejorar y proteger la democracia.

Tristemente el bien común y el interés general ya no forman parte del catálogo de motivaciones de la clase política. Cada vez hay menos políticos que antepongan los intereses de su ciudad por encima de los intereses y réditos que se obtienen de los enfrentamientos políticos.