Un total de 58.120 aspirantes -de los cuales el 70 por ciento son mujeres- optarán por hacerse con alguna de las 1.583 plazas de Administración General convocadas en las Ofertas de Empleo Público de 2019 y 2020, cuyos procesos selectivos comenzarán entre el 25 de septiembre y el 28 de noviembre de este año. En 9 de cada 10 casos, los aspirantes tienen además su residencia en Castilla-La Mancha.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, acompañado del director general de Función Pública, José Narváez, ha informado este jueves de los principales detalles sobre las fechas y lugares en las que tendrán lugar los exámenes de estos procesos selectivos, que se publicarán la próxima semana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), en la que también aparecerá la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Así, Ruiz Molina ha subrayado que, de las 1.583 plazas convocadas, 915 son para funcionarios y 668 para personal labo
Habrá 138 plazas reservadas a personas con discapacidad, de las cuales 73 son para discapacidad general, que son las máximas que permite la ley, el 5 por ciento del total de las aprobadas, y a las cuales optarán 2.027 aspirantes.
Las 65 plazas restantes están reservadas a personas con discapacidad intelectual correspondientes a las ofertas de empleo de público de 2017 a 2020. Las pruebas, a las que se han presentado 553 aspirantes, se celebrarán en un turno independiente, con temario y pruebas adaptadas, tras la modificación de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha que fue impulsada por el Gobierno regional para facilitar el acceso de este colectivo a la Función Pública.
De los 58.120 aspirantes, 55.540 serían para las 1.445 plazas de los turnos generales de funcionarios y laborales, lo que supone 38 aspirantes por plaza; 2.027 aspirantes para las 73 plazas de discapacidad general, lo que representa 28 aspirantes por plaza; y 553 aspirantes para las 65 plaza de discapacidad intelectual, lo que reduce la ratio a 8,5 aspirantes por plaza.
De los 2.207 aspirantes a una plaza de discapacidad general, un total de 316 han solicitado algún tipo de adaptación en función de su discapacidad. La mayor parte de estas adaptaciones han sido para aumentar el tiempo de la prueba o el tamaño de la letra, habiendo también algunos casos concretos de solicitud de mesas adaptadas para sillas de ruedas, intérprete de lengua de signos para personas con discapacidad auditiva o la petición de la herramienta informática específica para realizar el examen por ordenador para los aspirantes con discapacidad visual.
En este mismo sentido, en cuanto a los procesos selectivos para discapacidad intelectual, el 41 por ciento de los 553 aspirantes a las 65 plazas reservadas a este colectivo, han solicitado también adaptaciones, mayoritariamente relacionadas con la duración de las pruebas.
Reto organizativo
“El elevado número de plazas convocadas, que conllevará la celebración de 112 procesos selectivos, supondrá para la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas enfrentarse de nuevo a un gran reto de organización y logística, con el objetivo de que los exámenes se desarrollen sin incidentes”, ha indicado Ruiz Molina, quien se ha mostrado confiado en que se lleven a cabo “con el mismo éxito que en la convocatoria del anterior proceso selectivo conjunto que hemos celebrado correspondiente a la oferta de empleo público 2017-2018″.
Para garantizar que así sea, habrá 5.200 personas implicadas en la organización y desarrollo de los procesos selectivos, ha subrayado Ruiz Molina.
De ellos, 700 serán integrantes de los 70 tribunales calificadores que se han constituido, 56 para las plazas de personal funcionario y 14 para las de personal laboral. En este punto, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha querido destacar que la “profesionalidad, cualificación y capacidad han sido los principios que se han tenido en cuenta a la hora de designar a todos los miembros de los tribunales”, al objeto de garantizar la objetividad en los procesos selectivos, así como la autonomía e imparcialidad.
Además, se ha garantizado la igualdad entre los miembros de los tribunales, ya que el 54 por ciento de sus integrantes son mujeres. Igualdad que también se ha tenido en cuenta a la hora de ocupar las presidencias y secretarías de los tribunales, que son los puestos de mayor responsabilidad.
Al margen de los integrantes de los tribunales, se estima que participen 4.500 personas, entre vigilantes, coordinadores provinciales, responsables de centro, responsables de pabellón y personal de servicios.
Supone 1.000 personas más con respecto a las que hubo en las pruebas de los procesos selectivos correspondientes a la OEP 17-18, debido a que por la pandemia y siguiendo las indicaciones sanitarias, en estos procesos selectivos se ha reducido el número de aspirantes por aulas, lo que conlleva la apertura de más clases y, por tanto, la necesidad de disponer de más personal de apoyo para que los exámenes se lleven a cabo con total garantía.
Casi todos los exámenes, en Toledo
En cuanto a los lugares de exámenes, tendrán lugar con carácter general en Toledo, a excepción de las pruebas selectivas con mayor número de aspirantes, que son auxiliar administrativo, peón especialista, auxiliar de enfermería, auxiliar técnico educativo y personal de limpieza y servicios domésticos, que se celebrarán en todas las capitales de provincia de la región para facilitar la logística y, sobre todo, la comodidad y acceso de los aspirantes.