El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que se ha consolidado como un referente europeo en la implantación de medidas para hacer frente al fenómeno de la despoblación en el medio rural. Argumenta este juicio en la aplicación de las actuaciones incluidas en la Ley regional de Medidas contra la Despoblación, en vigor desde el año 2021.
El comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, y la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, han recapitulado sobre esas iniciativas este jueves en Bruselas, en el seminario ‘Adopción de medidas para hacer frente a la despoblación de las zonas rurales’, organizado por la Comisión Europea. Allí, los representantes regionales han detallado las novedades que incorpora la Ley, una norma defendida como «pionera, transversal y participada», entre las que se destaca la inclusión, por primera vez en la historia de Europa, de una fiscalidad diferenciada como herramienta para frenar la despoblación.
Ahondando en el articulado de la norma, Alique ha destacado las medidas para garantizar el acceso a los servicios públicos como educación, sanidad y servicios sociales. También el impulso a la instalación y mantenimiento de empresas en estas zonas, con hasta un 40 por ciento adicional de las ayudas con el objetivo de «hacer que los pueblos sean territorios atractivos para invertir y para vivir», ha insistido.
La cita en la capital europea ha reunido a diferentes departamentos de la Comisión Europea (la Oficina del Pacto Rural o el Centro de Investigación), además de gobiernos nacionales y regionales de toda Europa (desde Finlandia a Bulgaria). Ha contado también con la participación de otras comunidades españolas como Asturias y Castilla y León, junto con grupos de Acción Local.
Más allá de las provincias, las comarcas
Ante este auditorio, los miembros de la delegación castellanomanchega han reiterado que la Comunidad Autónoma es la única región de Europa que ha delimitado sus zonas descendiendo del límite provincial para poder medir con más precisión el problema de la despoblación «y poder tomar decisiones en función de la situación de cada uno de los territorios», ha planteado Alique.
En este punto, el comisionado del Reto Demográfico ha recordado que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, solicitó el pasado mes de diciembre en el Comité de las Regiones, donde conseguía el respaldo unánime a su propuesta, que la Comisión Europea efectúe los análisis demográficos y las estadísticas de despoblación por debajo del ámbito provincial y descienda así al ámbito comarcal para aplicar las medidas y hacer frente al fenómeno de la pérdida demográfica.
Esto beneficiaría a provincias como Guadalajara, donde crece la población en la zona del Corredor del Henares y, sin embargo, otras comarcas como la Sierra Norte, la comarca de Molina de Aragón o la Alcarria están despobladas, facilitando así que accedan a las ayudas de las que ya se benefician las provincias de Cuenca, Teruel y Soria.
LA DESPOBLACIÓN, EN LOS PRESUPUESTOS
Asimismo, y a lo largo de su intervención en este seminario, tanto el comisionado como la directora general, han reiterado que la Comunidad Autónoma es «la única en España y en Europa» en incluir en los presupuestos regionales para este presente ejercicio la memoria de impacto demográfico que supone 1.714 millones de euros para luchar contra la despoblación y que representa que casi uno de cada cuatro euros está relacionado con medidas frente a la despoblación.
Esto supone garantizar la ejecución de las actuaciones de forma trasversal a todas las áreas del Gobierno, también a través de herramientas como la inclusión del informe de impacto demográfico en la elaboración de las normas, planes y programas del Ejecutivo regional, con el objetivo de establecer medidas para adecuarlas a la lucha frente a la despoblación (también conocido como el ‘rural proofing’).
Finalmente, el Gobierno de Castilla-La Mancha se va a adherir a la Plataforma de Revitalización Rural que, coincidiendo con la celebración del seminario, la Comisión Europea ha puesto en marcha como una herramienta para que las regiones europeas más comprometidas en hacer frente a la despoblación puedan hacer llegar sus propuestas a la Comisión.