Juicio inusual el que se ha fijado para este martes en la Audiencia Provincial de Guadalajara, que tiene como protagonista, a la fuerza, a un empresario de la provincia, pese a que la Fiscalía considera que no hay delito y que tampoco procede imponer pena alguna.
«Cumplió su deber de declarar y lo hizo correctamente, permitiendo a la Seguridad Social conocer la deuda y actuar conforme a las facultades que le concede el ordenamiento; y aunque luego incumpliera el deber consistente en pagar, no incurrió en una conducta que pueda calificarse como defraudadora», razona la fiscal del caso, que pide el sobreseimiento provisional.
El caso ha llegado a la Audiencia desde el Juzgado de Instrucción nº 4 y tiene su origen en las deudas contraídas entre 2011 y 2016 en el pago de las cuotas de la Seguridad Social de una sociedad limitada propietaria de una restaurante en Villanueva de la Torre y de la que el acusado era administrador único, por importe de 115.586 euros.
En realidad, y ahí comienza el embrollo, de esa cantidad total hay buena parte de la deuda (exactamente 87.398 euros) que tiene su origen en una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, que en 2016 declaró a la citada empresa «responsable solidaria por un supuesto de sucesión de empresa» respecto de la deuda generada por ese importe por otra sociedad.
La ley cambió… después
Se da la circunstancia de que cuando se inició la supuesta defraudación, el límite para ser considerado delito estaba fijado en 120.000 euros. Una Ley Orgánica rebajó el importe a partir de finales de enero de 2013. La Fiscalía entiende que la omisión del empresario, por el momento en que se produjo, estaba dentro de lo amparado por la ley.
Pese al informe de conclusiones de la Fiscalía, la vista está fijada para este martes.
