Las administraciones en Castilla-La Mancha –entidades locales, Junta y Estado– han dejado de invertir una media de 5 millones de euros al permitir la rebaja en la adjudicación de contratos públicos entre octubre de 2019 y febrero de 2020, según el Observatorio de la Contratación Pública elaborado por CCOO en la región.
En rueda de prensa, el secretario general de la federación estatal de CCOO Construcción y Servicios, Vicente Sánchez, y la secretaria regional de CCOO-Construcción y Servicios, Remedios Toboso, han presentado esta herramienta que ha confeccionado el sindicato con el objetivo de «tener más datos para denunciar más los incumplimientos» de las administraciones y para intentar que «no se adjudique a la empresa más barata».
Toboso ha manifestado que desconoce a qué dedican este dinero las administraciones y ha asegurado que «si no se invierte», irá a un «fondo de agujero negro que absorbe millones».
De los 30.000 trabajadores que pertenecen al servicio público en la región, la adjudicación de contratos a los que se refiere el sindicato corresponden a los sectores de limpieza de hospitales, universidades o colegios, el mantenimiento de carreteras, la vigilancia en centros oficiales o la ayuda a domicilio, entre otros.
El sindicato ha cifrado en 30 millones de euros la cantidad destinada por estas tres administraciones al precio de licitación de estos contratos, el cual se ha reducido en 5 millones de euros y supone un 16 por ciento de rebaja entre el precio de licitación y el precio de adjudicación.
«Las que más han dejado de gastar» a raíz de esta rebaja en contratos públicos, según el sindicato, han sido las entidades locales, unos 3,5 millones; seguidas del Estado, con 628.642 euros y la Junta, con casi medio millón de euros no invertidos.
Esto supone una reducción del presupuesto en contratos públicos del 15,8 por ciento entre las tres administraciones. Los sectores más afectados serían el mantenimiento de carreteras, con una rebaja del 26%, y jardinería y obras, con una reducción del 18%.
Del total de contratos públicos sacados a licitación, la mayor parte se realizan por parte de las entidades locales, el 60%, el 24% corresponden a los efectuados por la Junta y el 16% a la Administración General del Estado.
QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA EUROPEA
El secretario general de la federación estatal de CCOO Construcción y Servicios ha demandado que se derogue la Ley de Desindexación –a la que se acogen las administraciones «para poder rebajar los precios de los contratos públicos– y que la contratación se rija por la ley europea de contratos públicos, «que si marca claramente que la mayor parte» se realicen con «criterios de calidad y no de precio».
«Que el precio de licitación sea el precio final de adjudicación y contrate empresas que ofrezcan mejor servicio, mejor calidad y mejor garantía de mantenimiento de lo que se haga», ha remarcado Sánchez.
