La hija de uno de los cabecillas en la trama por el supuesto fraude de IVA a través de un entramado de empresas pantalla ha declarado, este martes, como investigada en la vista que sigue en la Audiencia Provincial de Guadalajara, donde ha asegurado que era su padre, «al cien por cien», el que tomaba las decisiones en temas de contabilidad y que las funciones de ella se podrían reducir a ser «los ojos» de su progenitor en la oficina y controlar los saldos de las cuentas, porque este «desconfiaba» de su socio, con quien mantenía una relación «tóxica».
Según T.G.G., ella no hacía nada de contabilidad, ya que se pagaba a una gestoría para hacer ese trabajo, incluido lo relacionado con impuestos. También ha asegurado que el teléfono en el que se recibían las claves para acceder a las cuentas «lo usaba quien lo necesitaba» y que ella no era la única que tenía acceso a todo ello, ya que ni realizaba pagos ni transferencias ni estaba al tanto de la operativa de la organización.
Ha reconocido también que su padre le contaba, a veces, «ideas descabelladas» que no entendía y que lo que pensaba es que se dedicaba a la compraventa de material.
En este sentido, ha insistido en que era su padre el que se reunía también con los gestores externos y que ella tenía «muy pocas funciones, al margen de la confianza» de este para que estuviera pendiente de las cuentas para que no robaran.
Así las cosas, según T.G.G., ella estaba allí para darle apoyo administrativo, asegurando que ni le gusta la contabilidad ni se le daba bien. De igual manera, ha sostenido que si ha hecho alguna operación de pagos ha sido siempre por orden «expresa» de su padre y «no de manera autónoma».
También ha incidido en que nunca ha desempeñado el cargo de jefa del departamento de Contabilidad. «Yo cumplía ordenes de mi padre y no las ponía en duda pero ahora ya pongo en duda a Dios», ha exclamado en un momento determinado.
Esta macrovista se prolongará al menos hasta finales de junio ya que hay 27 personas investigadas que se enfrentan a penas que van desde los 12 años y seis meses a los 18 años y seis meses por fraude tributario y falsedad documental.