Una sentencia del Tribunal Constitucional conocida estos días avala que las mujeres que necesiten interrumpir su embarazo no tienen por qué desplazarse de su comunidad, ni ser derivadas a una clínica privada para cumplir con la cartera de prestaciones sanitarias que ya se recogen en su propia comunidad autónoma, algo que también afecta a Castilla-La Mancha. Y sin embargo, en la región no se practican abortos en la sanidad pública. El Tribunal Constitucional recuerda que derivar a un centro privado «debe ser un supuesto excepcional», aunque desde hace muchos años, aquí es la norma.
El dictamen del alto tribunal es consecuencia de un caso planteado desde Murcia y da la razón a una mujer que reclamó abortar en un hospital público, aunque finalmente tuvo que ir a una clínica privada en Madrid dado que los médicos que la atendieron en Cartagena eran contrarios a practicarle el aborto.
Medio millar de casos al año, de Guadalajara a Madrid
A diferencia de lo que ocurre en otras provincias, el desplazamiento necesario para las afectadas de Guadalajara es corto, al realizarse hasta Madrid. Como ha informado LA CRÓNICA, «en el Hospital de Guadalajara no se practican abortos. En la inmensa mayoría de los casi 500 casos que se atienden al año por el SESCAM, se derivan a clínicas concertadas de Madrid. Lo de Guadalajara, aunque paradigmático, no es una excepción. De hecho, se calcula que solo el 15% de los abortos en España se llevan a cabo en centros públicos, por la falta de médicos dispuestos a realizarlos. La situación puede cambiar, cuando entre en vigor la nueva ley… y si esta se aplica». Esta era, textualmente, la entradilla de una información publicada en LA CRÓNICA en agosto de 2022.
«Hay que cumplir la ley pero en nuestra región continuamos igual que antes de su aprobación, porque no se están dando los pasos necesarios para asegurar el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en la sanidad pública de Castilla-La Mancha», opina la responsable del Área de Mujer de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, Isabel Álvarez.
Asimismo, afirma que la objeción de conciencia que, «de forma generalizada», se argumenta por parte del Gobierno regional no es un «obstáculo infranqueable» si de verdad se quiere actuar.
«Toledo se lleva la palma, y es que es la provincia española donde más mujeres han tenido que salir fuera para interrumpir su embarazo, con un total de 1.094, pero esto no queda aquí, ya que Guadalajara ocupa la tercera posición en nuestro país, con 489 mujeres que han tenido que irse fuera de su provincia», recalcaban desde IU hace meses.
Según indica, el Tribunal Constitucional recuerda en su texto que derivar a un centro privado debe ser un supuesto excepcional, «pero en Castilla-La Mancha es el procedimiento que se sigue siempre y que aboca a las mujeres a salir de su entorno y prescindir de los apoyos de sus allegados en una situación que puede llegar a ser traumática», plantean desde esa formación política.