Una mujer de 36 años, vecina de Azuqueca de Henares, ha sido identificada como la supuesta responsable del uso ilegal de la cuenta corriente de un vecino de esa misma localidad. Tan ilegal que el propósito era hacerse con dinero ajeno y, presuntamente, lo consiguió: 3.788 terminó siendo el «pufo» dejado al denunciante, mediante cargos por compras de comercio electrónico, utilizando los datos de su tarjeta de crédito, sin autorización.
Según ha podido confirmar LA CRÓNICA, utilizó para ello numerosas y muy conocidas plataformas, difuminando así el rastro con compras por importes contenidos. Cuando el hombre cayó en la cuenta, el daño ya estaba hecho.
Tras la denuncia de estas transacciones informáticas ante la Guardia Civil se inició una investigación que resultó ser muy laboriosa, como ocurre con este tipo de delitos. Ha terminado siendo localizada y deberá responder por lo que puede ser considerada, en puridad, una estafa.
También empresas afectadas por delitos en la Red
Otro caso es el protagonizado por un súbdito rumano, de 38 años de edad, con domicilio en la Comunidad de Madrid, que ha terminado ante el juez como presunto autor de un delito de estafa y otro de falsedad documental.
El importe conseguido multiplica por diez al anterior, dado que su objetivo eran empresas, concretamente una de Logroño y otra de Guadalajara, hasta alcanzar los 39.000 euros con la estafa conocida como “man in the middle”.
Esta estafa, que en español se conoce también como “ataque del intermediario”, consiste en un ciberataque en el que los delincuentes interceptan una conversación o una transferencia de datos haciéndose pasar por uno de los legítimos participantes de la transacción económica.
Mediante este método, los ciberdelincuentes suplantan la identidad de la empresa proveedora de un servicio, modificando el contenido de los correos electrónicos que se intercambian, y modificando el número de cuenta de los beneficiarios de las transacciones, para así inducir error a la empresa pagadora.
Finalmente, la víctima, de forma involuntaria, ordena las transferencias a la cuenta de los ciberdelincuentes, en la creencia de que lo realiza a la empresa con la que tiene relación contractual. Una falta de celo que sale muy cara.