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17 noviembre 2024
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A más despoblación, más fondos europeos (propone la Junta)

El Gobierno regional insiste en la despoblación como criterio a tener en cuenta en la asignación de fondos europeos. Martínez Guijarro estuvo acompañado en la reunión por el comisionado del Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, Jesús Alique.

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El Gobierno de Castilla-La Mancha insiste en la necesidad de tener en cuenta el criterio de la despoblación por parte del Gobierno de España en la asignación fondos procedentes del programa para la recuperación europea ‘Next Generation EU’, por el que llegarán a España 140.000 millones de euros.

Así se lo ha trasladado vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, al secretario general para el Reto Demográfico, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Francisco Boya, en el transcurso del encuentro mantenido este lunes entre ambas partes para reforzar la colaboración entre administración autonómica y central.

Un paso adelante en febrero

Martínez Guijarro, que estuvo acompañado por el comisionado del Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, Jesús Alique, aprovechó esta reunión para trasladarle el borrador de la Ley de Medidas sociales, económicas y tributarias frente a la Despoblación y para el desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha al que el Consejo de Gobierno espera dar el visto bueno a lo largo de este mes de febrero para su posterior remisión al Consejo Consultivo y, a continuación, iniciar su trámite parlamentario en las Cortes regionales.

El vicepresidente ha recordado que Castila-La Mancha es una región pionera en la lucha contra la despoblación, como la demuestra la implantación de la una Inversión Territorial Integrada que ha movilizado más de 900 millones de euros en la Comunidad Autónoma.

A ello se suma la firma del Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha entre el Gobierno regional, los agentes sociales, la Federación Española de Municipios y Provincias y los grupos de desarrollo rural en Brihuega el pasado 28 de febrero al que se han adherido casi 300 ayuntamientos, las cinco diputaciones y medio centenar de entidades hasta la fecha.

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