El subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Ángel Canales, ha destacado “el esfuerzo realizado por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la protección de las víctimas de violencia de género”, y ha agradecido tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional “su enorme esfuerzo y dedicación” en esta materia. Canales ha hecho esta afirmación durante la presentación del balance de gestión de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, y ha ofrecido datos sobre la evolución de la violencia de género en nuestra provincia, “que dejan en evidencia a los negacionistas que parecen proliferar últimamente y a aquellos que se resisten a llamar a las cosas por su nombre”.
En este sentido, ha explicado que, pese al descenso de las denuncias contabilizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil –de 434 a 407, un 6%–, “los datos indican que hubo más de una denuncia al día por esta causa, como media, y nos dan idea de que la violencia de género no es algo anecdótico, tampoco en Guadalajara”. La única buena noticia del balance es que en 2018 no se registró ninguna víctima mortal, mientras que el año anterior, en 2017, sí que se había producido un asesinato por esta causa.
Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, ha explicado el subdelegado, desempeñan un papel fundamental no solo a la hora de recoger las denuncias, sino también en la protección de las víctimas. De hecho, a 31 de diciembre del año pasado había 423 casos activos en la base de seguimiento de violencia de género de la Subdelegación, de los cuales 240 (un 56%) requerían algún tipo de protección para la mujer, dependiendo del grado de riesgo apreciado. Además, hay 16 hombres con dispositivos electrónicos de seguimiento. Desde que se puso en funcionamiento el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGen), en julio de 2007, más de 3.000 mujeres de nuestra provincia han sido dadas de alta tras presentar denuncia.
Canales ha destacado también el trabajo de prevención que desarrollan la Guardia Civil y la Policía Nacional a través del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar. Aunque la formación abarca diferentes áreas, como el acoso escolar o los riesgos de internet y del consumo de alcohol y de drogas, desde la Subdelegación del Gobierno se está incidiendo especialmente en la violencia de género, “para que nuestros jóvenes aprendan a identificar comportamientos y conductas que pueden derivar en este tipo de violencia, y conozcan también las herramientas para combatirla”, ha señalado Canales.
Para ello, además de mantener contacto directo con los responsables educativos para fomentar las sesiones formativas dedicadas a violencia de género, se van a distribuir en los centros educativos diversos materiales complementarios, como pulseras, bolígrafos o marcapáginas.
Servicios telefónicos 016 y Atenpro
Por su parte, el subinspector de policía Juan Miguel Parrilla, responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, ha facilitado datos como el número de llamadas recibidas en el servicio telefónico 016, que fueron 352 en 2018, de las cuales más de un centenar procedían de familiares y otras personas diferentes a la víctima, fundamentalmente del entorno familiar y allegados. “Esto es importante, porque hay que buscar la colaboración ciudadana para aflorar casos que permanecen ocultos, de manera que se pueda empezar a trabajar sobre ellos”, ha indicado.
También ha destacado la eficacia del servicio de Atención y Protección (Atenpro), consistente en un dispositivo de telefonía móvil que permite a las usuarias entrar en contacto en cualquier momento con centros atendidos por personal preparado específicamente para dar respuesta a cada situación.
Parrilla ha explicado que la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer tiene entre sus funciones el seguimiento y coordinación de todos los recursos de la Administración del Estado para atención situaciones de violencia de género, y se ocupa también de la coordinación de recursos con otras administraciones. Con la administración regional, fundamentalmente a través del instituto de la Mujer, y con la administración local para la integración de las policías locales en el seguimiento y protección de víctimas.
Además, se ocupa del seguimiento personalizado de las víctimas de mayor riesgo, de las órdenes de alejamiento y permisos penitenciarios y de la Renta Activa de Inserción (RAI) para víctimas de violencia de género, entre otras funciones.
