El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado este martes su discrepancia por el hecho de que en los Presupuestos Generales de Estado (PGE) "parece" que se ha tenido en cuenta el peso de la renta per cápita en la distribución de las inversiones por territorio y se han repartido de forma directamente proporcional a esa riqueza relativa. "Se debería hacer de forma inversamente proporcional".
Así lo ha indicado a preguntas de los medios el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha señalado que las inversiones deben hacerse con un criterio de convergencia y, en consecuencia, distribuirse "no tanto" en función de la riqueza de cada territorio sino inversamente proporcional a esa riqueza propiciando que los PGE puedan ser un elemento de cohesión.
"No estoy satisfecho en ese sentido porque no se ha abierto por ahora la financiación autonómica y debería ser en ese seno donde se establezcan los criterios de financiación de las comunidades autónomas y los de distribución de las inversiones del Estado en función de esos territorios", ha argumentado.
Según el titular de la Hacienda castellano-manchega, si solamente se tiene en cuenta la riqueza y no la superficie, como es el caso de Castilla-La Mancha, "habrá regiones que con una extensa superficie verán perjudicadas sus necesidades de inversión desde el punto de vista de los PGE". "Es una política que contradice la política de la UE", ha zanjado.
GASTO SOCIAL
No obstante, el consejero ha destacado que "un aspecto fundamental" de estas cuentas del Estado es su aproximación al gasto social, en la medida en que supone un 56 por ciento de gasto no financiero, lo que ha dicho que está en consonancia con las prioridades de la Junta de Castilla-La Mancha.
"En la región, este gasto social que aprobamos con los sucesivos presupuestos ha sido superior al 70 por ciento, por lo tanto hay concordancia entre las prioridades de los gobiernos socialistas de destinar el mayor peso posible a gasto social", ha manifestado.