Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha alertado al Gobierno (en el que su dirigente Alberto Garzón es ministro) del peligro que supone reiniciar las actividades laborales de servicios no esenciales y no mantener el permiso retribuido. Consideran que es una medida necesaria para evitar la propagación del coronavirus, «al igual que han venido defendiendo Izquierda Unida y Unidas Podemos a nivel federal».
En concreto, en nota de prensa afirma que este peligro se «multiplica» en Castilla-La Mancha ya que supone el trasiego de «miles» de trabajadores que viajan diariamente entre Madrid y la comunidad autónoma castellano-manchega, por lo que ha solicitado que se mantengan las medidas de confinamiento existentes hasta este pasado jueves.
«Muchos de estos trabajadores que viajan a Madrid provienen de pequeños municipios castellano-manchegos, con una población muy envejecida, y por lo tanto, perteneciente al grupo de riesgo», señala el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, que ha añadido a ellos unos «deficientes recursos sanitarios» como consecuencia de «años de abandono», por lo que cree que el riesgo a la expansión de la pandemia «se hace mucho más palpable».
Así, Crespo explica que desde IU Castilla-La Mancha se ha pedido al Gobierno central que se haga una excepción con los trabajadores y trabajadoras de servicios no esenciales que conlleve un desplazamiento entre territorios, ya sea entre provincias o municipios con otra comunidad autónoma, tal y como ocurre en Castilla-La Mancha con Madrid y con el levante español.
«Debe ser prioritario adoptar las medidas necesarias, para garantizar la salud de las personas trabajadoras, que los beneficios empresariales, que algunos sectores políticos y económicos pretenden anteponer», ha manifestado.
Por último, el líder de la formación de izquierdas advierte que en todo caso se adopten medidas suplementarias a las que deban adoptarse para impedir la transmisión de la enfermedad, como la realización de test rápidos entre los trabajadores para evitar que se continúe propagando el coronavirus entre comunidades autónomas.
