La Policía Nacional ha bautizado a esta operación, que ha durado mucho más de un año, como “Operación Magreba” y, aunque el nombre parezca sugerirlo, no tiene nada que ver con el norte de África, al menos en cuanto a sus víctimas.
Según ha podido confirmar LA CRÓNICA, hasta ocho jóvenes procedentes de México y Colombia han denunciado las condiciones en las que han vivido en la ciudad de Guadalajara. Todos ellos han sido víctima de un sujeto, que ha sido detenido, que los atrajo para que se desplazaran desde sus países con engaños, prometiéndoles un futuro prometedor como futbolistas que resultó ser sólo una estafa.
Al detenido se le atribuyen, en consecuencia, otros tantos delitos contra los derechos de los trabajadores, tráfico ilegal de personas e inmigración clandestina. De sus cómplices, que los hay, todavía no se ha podido localizar el paradero aunque están siendo buscados por la Policía Nacional. Este mismo sujeto ya estuvo involucrado en hechos similares en los años 2019 y 2022 en hasta tres provincias españolas diferentes.
La investigación se inició en 2023, a raíz de las primeras denuncias, que se han ido sucediendo paulatinamente. A todos se les engatusó en la confianza de que iban a «ser contratados en equipos de fútbol de categoría profesional en España, con la promesa de regularizar su situación administrativa como extranjeros en nuestro país y optando a un puesto de trabajo en caso de no llegar a triunfar en el mundo futbolístico», según detallan desde la Comisaría de Guadalajara.
Residentes ilegales en Guadalajara, todos engañados
Las víctimas llegaron a pagar importes que oscilaban entre los 2.000 y los 3.500 euros en concepto de gastos de manutención, alojamiento, empadronamiento, inscripción federativa y trámites de regularización, «compartiendo viviendas con numerosos jóvenes en la misma situación, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, no llegando a ver nunca cumplida la promesa que les habían realizado», confirman las mismas fuentes policiales.
Después de lo vivida, o malvivido, los denunciantes han sido informados de los recursos humanitarios que ofrece el Estado español, así como de los trámites para regularizar su situación administrativa en España y no quedar en situación de desamparo.
