El alcalde de Almoguera se mostraba tranquilo, pese al creciente revuelo que previsiblemente este asunto va a provocar. Padrino ha insistido a este diario que en ningún caso da en sus declaraciones grabadas por la periodista Eugenia Viñes ninguna seguridad de recalificación o de que se pueda conseguir nada fuera de lo administrativamente usual: "Yo no prometo nada, porque yo no soy el que recalifica".

 A preguntas de LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, Padrino ha negado, además, cualquier relación mercantil con los propietarios de la finca involucrada en la investigación periodística: "Yo me llevo bien con ellos, pero no tengo ninguna relación que vaya más allá de haber ido a cazar allí alguna vez". También asegura Padrino que esos terrenos no han sido nunca parte de “La Común”, a diferencia de lo que sí ocurriera con la superficie puesta a disposición del frustrado proyecto de cementera.

Luis Padrino aparece en la información como diligente y entusiasta intermediario en la venta de la finca, sobre la que habían puesto los ojos los periodistas de "Intereconomía" no por sus posibilidades urbanísticas sino por la más que posible relación con Roca y la "Operación Malaya". Uno de los caballos del principal encausado por la corrupción marbellí ha terminado apareciendo en las caballerizas de esa finca alcarreña, siempre según estas mismas fuentes, y a pesar de que en teoría debería estar bajo custodia judicial, como todos los bienes del actualmente encarcelado Juan Antonio Roca.

Una empresa vinculada al escándalo de Marbella

Toda la operación de la compraventa que se plantea de forma ficticia gira sobre la finca de "Los Castillejos", para una superficie de cerca de 300 hectáreas que cuentan e con calificación en estos momentos de suelo rústico, y de la que consta como propietaria la empresa "Construcciones Salamanca", de la que es responsable Emilio Rodríguez, también imputado por la "Operación Malaya", quien ha tenido que abonar una fianza de medio millón de euros para esquivar la prisión para la que parecía destinado, acusado de cohecho. El precio de la finca sería de doce millones de euros, según el precio inicial planteado por la propiedad.

El asunto es claro, según los periodistas: se trataría, según se deduce del reportaje, de aprovechar esos terrenos para, previa recalificación, construir en ellos una macrourbanización de 3.000 chalets. Padrino se explica en el reportaje de cámara oculta con su habitual efusividad y alienta a la "compradora", a la que insiste que la finca se vendería con todas las garantías de no estar gravada por ninguna especial protección paisajística o medioambiental.

Padrino, según sus propias palabras grabadas, estaría actuando en nombre de los propietarios, quienes le habrían pedido incluso que se encargue del cambio de calificación de los terrenos. En declaraciones a LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, Luis Padrino ha confirmado que el encuentro con la supuesta empresaria se produjo “hace quince o veinte días”. Aunque inicialmente el anfitrión debería haber sido el gerente de la finca, éste terminó por delegar en Padrino al haberle surgido algún imponderable: "A mi me llamó una mujer y yo le enseñé la finca en lugar del gerente, porque no pudo ir”, remachaba Padrino este lunes a prenguntas de LA CRÓNICA DE GUADALAJARA.

El alcalde de Almoguera se muestra seguro de que no habría tampoco problema alguno para surtir de agua la futura urbanización y sus 3.000 viviendas: "Se acojonan, si lo pido yo se acojonan; lo tengo dicho, que a mi no me quieren en ningún sitio porque yo miro por mi pueblo (...) ni el partido, ni el entero ni la puta madre que lo parió”, llega a exclamar Padrino según se va liando la madeja de la conversación.

Yendo más allá, Padrino aporta una nuevo argumento de venta, al animar a la supuesta empresaria para que compre terrenos colindantes a la finca (los mismos que hubieran servido para construir la frustrada cementera que quiso levantar en el municipio) y "a precio de cementera" que sería "a millón y medio la hectárea", notoriamente inferior al de la finca objeto de la operación. El fin de todo ello sería, según la interpretación de la periodista, suavizar el impacto económico de la obligatoria cesión al Ayuntamiento del 10 por ciento.