El Tribunal Supremo ha denegado a la Comunidad de Madrid la petición de suspender cautelarmente la declaración de utilidad pública que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 15 de junio para la instalación de una central térmica de ciclo combinado de 1.200 megavatios en el municipio madrileño de Morata de Tajuña, muy cercano al sur de la provincia de Guadalajara.

Esta decisión del Supremo abre un poquito más la puerta para que la instalación acabe finalmente ubicándose en esta zona, a la espera de que este organismo judicial se pronuncie sobre el recurso contencioso administrativo que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre también ha presentado sobre la decisión del Gobierno. En el recurso la Comunidad de Madrid alega, según publica El País, "las graves consecuencias que la instalación térmica supondría para el medio ambiente y la salud" de los habitantes de esta comarca "al emitir grandes cantidades de gases contaminantes a la atmósfera". Sin embargo, la decisión del Consejo de Ministros cuenta con la declaración favorable de impacto medioambiental a pesar de los rigurosos condicionantes que impone a la central para su definitiva instalación por el entorno ecológico donde iría ubicada.

En caso de que el Supremo termine fallando en contra del recurso de la Comunidad de Madrid, al Ejecutivo de Zapatero sólo le restaría expropiar los terrenos y convocar un concurso o adjudicar por expropiación la explotación de la central.

El alcalde de Mondéjar, Aurelio González, ha señalado que "económicamente no sabemos que repercusión puede tener porque se encuentra en otra Comunidad Autónoma", así como medioambientalmente, pero "si los tres grupos políticos que forman el Parlamento autonómico madrileño se han unido dice mucho de lo que puede suponer". Y es que hay que recordar que los tres grupos políticos de las Cortes madrileñas aprobaron por unanimidad el pasado 31 de octubre una proposición de ley para adoptar medidas de cara a la paralización del funcionamiento de esta instalación como la negación de cualquier licencia que necesiten para funcionar, incluida la Autorización Ambiental Integrada, al considerar que esta comarca está saturada de explotaciones de energía eléctrica. Dicha autorización permite establecer las condiciones ambientales que se exigirán para la construcción y explotación de las instalaciones y, entre otros aspectos, especifica los valores límite de emisión de sustancias contaminantes que podrá generar la central.

Por su parte, González ha señalado, ante el planteamiento de que su municipio pueda quedar rodeado con dos instalaciones energéticas de este tipo, la de Morata de Tajuña y la que Unión Fenosa quiere levantar en Almonacid de Zorita, que "no me parece bien que se concentren todas estas instalaciones en una misma zona, más aún si entrañan algún tipo de impacto medioambiental". El alcalde mondéjano apuesta por la energía eólica que está tratando de promocionar en su municipio, por lo que considera que después de cerrada la central nuclear José Cabrera y la apuesta que muchos municipios del entorno están adoptando para sustituir este tipo de energía por otras menos contaminantes, "no es coherente que por otra parte se esté saturando la zona con este tipo de centrales". González considera que si se está fomentando el uso de energías renovables como la eólica para aligerar la carga de energía producida de las centrales nucleares por su nivel de contaminación, no es lógico que se autoricen más las centrales térmicas.

La construcción de la central térmica de Morata de Tajuña pretende realizarse en una zona que cuenta ya con la presencia de una importante industria cementera, por lo que existe el riesgo de que la suma de las actuales emisiones contaminantes y de las producidas por la futura central pongan en peligro el equilibrio medioambiental del área y la salud de los habitantes de los municipios afectados.

Según datos aportados desde la Comunidad de Madrid, la instalación de la central producirá un notable impacto en la zona ya que emitirá -estimando un régimen de funcionamiento de 6.000 horas al año- más de 2,5 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, que es el mayor responsable del cambio climático, así como cantidades significativas de metano, que también contribuye a dicho proceso, lo que equivale al CO2 emitido por medio millón de vehículos durante un año.

Asimismo supondría la emisión de más de 8.600 toneladas al año de óxidos de nitrógeno (NOx), que incrementaría la contaminación por ozono troposférico. Su instalación también supondría la emisión de más de 50.700 kg al año de dióxido de azufre (SO2) -causante de las lluvias ácidas que destruyen bosques y ríos- y de más de 140.000 kg de partículas que contribuirán a la contaminación de la zona.

La decisión de construir una central de gas natural de ciclo combinado en Morata de Tajuña tampoco cuenta con el visto bueno de los vecinos. De hecho, ya presentaron casi 3.000 firmas en contra, quejándose de que "en las proximidades ya existen empresas que ejercen actividades potencialmente contaminadoras con la atmósfera". Las alegaciones se centraron en la idea de que "el proyecto no está justificado en base a un supuesto balance eléctrico deficitario, ya que en España ya existe potencia eléctrica suficiente para atender la demanda actual y previsible", así como que la zona, próxima al Parque del Sureste, es un espacio enormemente agredido.

Colapso de explotaciones energéticas

Asimismo, la zona en la que se pretende construir la central está afectada actualmente por unos derechos mineros que fueron otorgados por la Comunidad de Madrid en 1984 y que siguen vigentes. Éstos otorgan la autorización para explotar los recursos mineros que existen en esos terrenos y declaran la actividad minera de utilidad pública.

De esta forma, el acuerdo de Consejo de Ministros recientemente adoptado genera un conflicto de intereses entre ambas administraciones por declarar de utilidad pública una actividad distinta a la ya existente en la zona. En este caso, según informan desde el Gobierno regional madrileño, tanto el promotor energético como el concesionario minero podrán promover expedientes expropiatorios sobre dichos terrenos.

Notable impacto en la zona